OAXACA, Oax. (apro).- El 28 de agosto de 1996, ráfagas de proyectiles sacudieron diversas oficinas gubernamentales lo que marcó la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la entidad. La irrupción del grupo insurgente abarcó ataques a la base naval, así como a instalaciones militares y de las policías estatal y municipal en Bahías de Huatulco, Tlaxiaco y la capital de Oaxaca, cuyas acciones dejaron un saldo de 16 muertos. A partir de los hechos ocurridos justo hace 16 años, en la Crucecita Huatulco, donde se dio un enfrentamiento entre el EPR y diferentes cuerpos de seguridad, fueron detenidas cerca 152 personas, en su mayoría indígenas de la región Loxicha, documentó el Bufete Jurídico Popular. Desde entonces, el abogado Israel Ochoa Lara inició el trabajo de defensa de los indígenas presos, logrando hasta la actualidad la liberación de 145 personas y la cancelación de 113 órdenes de aprehensión. Sin embargo, aún queda por resolver la situación jurídica de siete indígenas zapotecos que han sido sentenciados en procesos penales del fuero federal, de los que seis se encuentran en el reclusorio de Ixcotel y uno en Etla. En Ixcotel todavía se encuentran el exalcalde de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia, sentenciado a 31 años de cárcel; el exsíndico Fortino Enríquez Hernández, con una pena de 30 años; Eleuterio Hernández García, sentenciado a 31 años, 7 meses y 3 días; Abraham García Ramírez, a 30 años; Álvaro Sebastián Ramírez, 29 años, y Justino Hernández José, a 23 años con 6 meses. Mientras que en Etla se encuentra recluido Zacarías Pascual García López, sentenciado a 24 años de cárcel. La mayoría de los indígenas presos fueron acusados de los delitos de conspiración, terrorismo, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. El caso de Celerino Luego de la irrupción del EPR, varias comunidades fueron arrasadas con cateos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones extrajudiciales. El caso de la ejecución extrajudicial del indígena zapoteco, Celerino Jiménez Almaraz, perpetrada por la Policía Judicial de Oaxaca, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, 14 años después, el Estado mexicano, representado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Zamora Castro; el subsecretario de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan José Gómez Robledo, y el propio gobernador Gabino Cué aceptaron su responsabilidad por la negativa de justicia. Durante la madrugada del 24 de abril de 1997, un comando de más de 50 agentes de la Policía Judicial allanó violentamente el domicilio de Celerino, ubicado en la comunidad de Santa María Jalatengo, perteneciente al municipio de San Mateo Río Hondo. Los agentes encapuchados golpearon a todos los ocupantes de la vivienda, incluyendo al suegro de Celerino, quien presentaba discapacidad visual, y a su cuñada, que estaba embarazada. Según reveló María Estela García Ramírez, en su propia casa golpearon salvajemente a su esposo Celerino Jiménez y lo hirieron con arma de fuego. No conformes con ello, los agentes se llevaron a Celerino sin presentar orden de aprehensión. Después de dos días, María Estela buscó a su marido en hospitales y penales, sin embargo, lo que encontró fue el cadáver de Celerino. “Como si no existiéramos” Luego de la irrupción del EPR en Oaxaca en 1996, el gobierno del entonces priista Diódoro Carrasco Altamirano desplegó una estrategia contrainsurgente en la región de los Loxichas, considerada el bastión del grupo guerrillero. Fruto de la represión y los allanamientos de entonces, unos 20 indígenas zapotecos fueron recluidos en el reclusorio de Miahuatlán. Ahora, 16 años después, en una carta dirigida al gobernador Gabino Cué, los indígenas recordaron que “nadie quiere acordarse que existimos en diferentes cárceles del estado, es como si no existiéramos; ni qué decir de los muertos y los que sufrieron desaparición forzada o desplazamiento forzado de su lugar de origen”. Mencionaron que “otras represiones, otros presos, otros muertos han ocupado la atención de los políticos, los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos y del gobierno del cambio. A nosotros simplemente se nos condena al olvido”. En la misiva, destacan que “muchos han sido los beneficiarios del dolor y la sangre de los oaxaqueños, entre ellos el mismo gobernador que llegó al poder con el discurso de hacer un gobierno diferente a los gobiernos de los priistas (pero) dos años después no vemos ningún cambio. A nosotros no han llegado ni las migajas de esos cambios. Al contrario, se nos pretende seguir dividiendo, enfrentando, olvidando y asesinando”. En el documento piden que se pongan en marcha mecanismos de atención integral a la problemática que desde hace 16 años enfrenta la región Loxicha, generada por la represión desplegada por el Estado mexicano contra los indígenas zapotecos. Y, “sin dejar de atender los justos reclamos de las víctimas del movimiento social generado en 2006, también se resuelvan los casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, detenciones ilegales, desplazamiento forzado de la población y todas las violaciones a derechos humanos cometidas contra los indígenas zapotecos de la región Loxicha”.