¿Contamos con una institución de seguridad respetuosa de los derechos humanos?

Después de escuchar el discurso del presidente López Obrador en el marco de la Sesión XLIV del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), pareciera que la construcción de instituciones respetuosas de los derechos humanos se diera por acto de magia.

Esto se debe principalmente a que el mandatario mexicano expresó: “sí tenemos que tener (sic) una buena atención al problema de la inseguridad y de violencia con una organización, una institución de seguridad, profesional, disciplinada, respetuosa de los derechos humanos, que eso ya también se logró con la creación de la Guardia Nacional”. ¿Acaso se puede afirmar sin ningún miramiento que la Guardia Nacional ya es respetuosa de los derechos humanos?

Si se toma en consideración que dicha institución inició labores el 30 de junio; que a pocos días comenzó a tener presencia en 25 entidades federativas; que ha detenido a decenas de migrantes en la frontera sur; y, que no todos sus integrantes han sido capacitados en derechos humanos, difícilmente se puede sostener que se ha logrado construir la institución de la que habló López Obrador.

Ante estos argumentos es pertinente tratar de dilucidar a qué se refirió el mandatario con el fin de ubicar si efectivamente, en términos de derechos humanos, estamos optando por un camino diferente en cuanto a la construcción de capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia.

Acorde con lo estipulado en el Artículo 13 de la Ley de la Guardia Nacional, el personal de esta institución contará con la capacitación permanente en el uso de la fuerza, la cadena de custodia y respeto a los derechos humanos. Desde la narrativa del gobierno federal, este tipo de líneas de acción son las que en teoría están constituyendo una política de seguridad distinta a la de los años previos. A partir de este enfoque podría interpretarse que anteriormente los elementos del Ejército y la Marina que participaban en los operativos conjuntos u operaciones especiales no contaban con capacitaciones en derechos humanos.

No obstante, ello dista un tanto de lo sucedido durante las pasadas administraciones federales. Si se revisa tan solo el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es posible ubicar en sus informes de labores que de 2013 a 2017 fueron capacitados 885 764 efectivos. Frente a estos datos que revelan que elementos del Ejército han sido capacitados en esta materia y, pese a ello, se continúan documentando violaciones a derechos humanos cometidas por algunos de sus elementos; es inevitable preguntar si efectivamente con la construcción de la Guardia Nacional integrada por elementos de las Fuerzas Armadas se está haciendo lo que se requiere para contar con la institución de seguridad que necesita el país.

Ante las afirmaciones del mandatario, vale la pena dar el beneficio de la duda e indagar si el fortalecimiento institucional del que habla quizás se encuentra contemplado en algún programa presupuestal.

De acuerdo con el estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) titulado “Gasto público en seguridad: una mirada a la ruta de los recursos” no se aprecia que presupuestalmente se estén fortaleciendo las líneas de acción enfocadas en este sentido.

Por ejemplo, en 2019 el presupuesto asignado al programa DDHH1 enfocado al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana fue de $68,524,007 y este permaneció casi igual respecto a 2018 pues solo aumento 5.7%. Inclusive si se revisa desde 2010 lo que ha sucedido con el presupuesto de este programa se observa que no ha variado en demasía la proporción en relación con el eje “Promoción y prevención de DDHH”, pues el nivel máximo de esta se ubicó en 2011 que fue cerca del 6% y en 2019 es de aproximadamente 4%.

¿A partir de las consideraciones expuestas es posible afirmar que efectivamente ya logramos construir una institución de seguridad respetuosa de los derechos humanos? ¿Acaso se puede afirmar que esto se ha logrado con la creación de la Guardia Nacional? Quizás si únicamente nos basamos en los discursos oficiales y la narrativa de esta administración federal fácilmente podríamos contestar que sí, sin embargo, la realidad nos ha demostrado que para ello se requieren más que palabras pronunciadas estratégicamente y capacitaciones. Hace falta que nos centremos en qué pasará con los recursos del programa presupuestal destinado para este fin y ver si será suficiente para cumplir con las expectativas. Si las ambiciones en derechos humanos son fidedignas, el mejor síntoma que podríamos esperar es que en la cuenta pública de 2019 haya un sobre ejercicio de recursos en esta materia.

Directora de Investigación
@Dorsvel @ObsNalCiudadano