La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza

Marco Fonseca

La Constitución Política de la República de Guatemala, de 1985, tiene una lógica privatizadora que prefiguró el establecimiento de modelo neoliberal de privatización, desposesión y expoliación social/ambiental, del cual deriva una “normalidad” de pobreza y extrema pobreza, a la que la cúpula empresarial y el gobierno de turno desean volver, ataviada como “nueva normalidad” tras de la pandemia de COVID-19. Frente a esa opción, se plantea la necesidad de un nuevo constitucionalismo y un nuevo consenso político post-COVID-19, que requiere de nuevos modelos de participación democrática y nuevas metas nacionales de bienestar.

Año 9 Edición 190 Guatemala, 1 al 15 de agosto de 2020 Publicación quincenal ISSN 2227-9113 R E V I S T A Propuesta Incidencia Bien común Haga click en el botón En busca de la propia Utopía IPNUSAC En la meseta IPNUSAC ,ŘǜřʊǜʁɁǌƬƙʊɁŽƬʁŘȭȋŘȧɁȭƬǜŘʁǔŘ˿ǞȭŘȭƋǔŘȧǔƬȭǜɁ post-pandémico EdgAr BAlSEllS CoNdE la pandemia del virus SArS-CoV-2 en guatemala dArío MoNtErroSo Severo Martínez y las tradiciones intelectuales en su obra oSCAr PEláEz AlMENgor Salud mental y crisis por CoVId 19 MArIANo goNzálEz la “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza MArCo FoNSECA ³ŘǔȭǡˁƬȭƋǔŘɡɁǚȋǜǔƋŘƞƬǚŘ,, en guatemala AlEjANdro rodrígUEz PErEIrA “ID Y ENSEÑAD A TODOS” En línea R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 2 Índice CONTRAPUNTO EDITORIAL 6 En busca de la propia Utopía IPNUSAC 104 ANÁLISIS DE COYUNTURA 9 Marco Fonseca York University, Canadá En la meseta IPNUSAC 139 Catástrofe, soberanía monetaria y ǞȭŘȭƋǔŘȧǔƬȭǜɁɡɁʊǜȊɡŘȭƞƭȧǔƋɁƕ ˁȭŘƞǔǷʁƬʊǔɂȭǞʊƋŘǚȊȧɁȭƬǜŘʁǔŘ Edgar Balsells Conde 43 55 POLIFONÍA 166 Pensando el estado de derecho 168 De conspiraciones y alianzas criminales ³ŘɡŘȭƞƬȧǔŘƞƬǚ˸ǔʁˁʊăÄõăȊ,ɁĴȊʹ en Guatemala Darío Monterroso Severo Martínez Peláez y las tradiciones intelectuales en su obra Dr. Oscar Peláez Almengor Centro de Estudios Urbanos y Regionales / USAC Salud mental y crisis por COVID 19: variables, problemas y aspectos críticos Mariano González Docente en la Escuela de Ciencias Psicológicas / USAC Eduardo Mayora Diario Prensa Libre Haroldo Shetemul Diario Prensa Libre 170 La Corte de Constitucionalidad es parte del modelo de estado constitucional de derecho Oswaldo Samayoa Epicentro GT CONTRAPUNTO 84 ³ŘǔȭǡˁƬȭƋǔŘɡɁǚȋǜǔƋŘƞƬǚŘ,, en Guatemala Alejandro Rodríguez Pereira PERSPECTIVA 18 La “nueva normalidad” ɡɁʊǜȊƋɁ˸ǔƞȊɍȳƕȧřʊ neoliberalismo, desastre y pobreza 172 Una nueva estocada al estado de derecho Mario Antonio Sandoval Diario Prensa Libre R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Índice 174 Una trama muy siniestr 176 ɶÄˁȭɡŘʊɁƞƬǚFʊǜŘƞɁȊȧŘǞŘɵ 178 Golpe de Estado con vaselina Édgar Gutiérrez Diario elPeriódico LIBROS 202 Tania Sagastume Paiz Escuela de Historia / USAC Marielos Monzón Diario Prensa Libre Miguel Ángel Sandoval Diario elPeriódico PROPUESTA 180 ENTORNO 206 Comunicado del Consejo Superior Universitario 216 Elecciones para la presidencia del BID y la postulación de Clave Carone Webinar sobre ley de aguas Magaly Arrecis, Analista IPNUSAC INVESTIGACIÓN 186 Elecciones para la presidencia del BID y la postulación de Claver Carone Silvina Romano,2 Arantxa Tirado, Aníbal García F.4 y Tamara Lajtman ACTUALIDAD 183 El doble derrumbe de la Nueva Guatemala de la Asunción Estrategias didácticas para estimular la lectura Silvia Argentina Fuentes Orozco 221 INStrUCCIONES A LOS AUtOrES 3 R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 4 La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una publicación digital con periodicidad quincenal del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre temas y procesos sociales de actualidad. Promueve enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica la tradición de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable. Registrada en el Centro Internacional ISNN (International Standard Number) bajo el No. 2227-9113 Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. cc This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 ad niversid U s e d a Autorid mala (USAC) te a u G s de Recino d e Sa n y Paiz Murph r Recto res Vallada Enrique ral s o rl a C e rio Gen Secreta uto Proble Instit s e d a Autorid s (IPNUSAC) ale ata Nacion Carlos C ional ternac olíticas Públicas ionalista In r o s Ase Doctor en P da Constituc onsejo , a g as ro, Abo ul Varg omía Jean-Pa Fuentes Fore octor en Econ la D e , n s a é ri ld Ma Va arranza Julio C USAC entral rales Carrillo C a c e t o iblio te M Jefa B da María Celes ia c n e Lic AC s tral US cóloga ca Cen te o BiblioteLópez li ib os, B Sandra rocesos Técnic P l e d Jefa y digita mas De M Magali NUSAC Geidy IP l e ra d Directo ARN de la R r Directoelada Q. Edgar C ica Editora Ávalos, stratég ación E th Elisabe ación e Inform C IPNUSA ic Comun Gráfica EditoraGonzález Rosario rial o Editoo, j e s n o C still SAC) ians Ca a (IPNU 5 Cristh polític n Socio Divisió C , IPNUSA Zapata General del Adrián r rdinado les Ex Coo aciona mas N osta, le c b A ro z P e Rodrígu e Estudios de Mario d amento nta Arandi” rt SAC a p De icas, U drasa ie P l Económ e s ia c “Rafa n ie d de C Faculta C IPNUSA ez, Gutiérr General del r a g d E r rdinado Ex Coo rafo estadíg Apoyo ne Rodríguez li Jacque ución Distrib láez de Castillo e P Vilma tada de por s ía f a r Fotog lica.gt/ repub 2.com/ https:// .soy50 om/ w w w / https:/ rapify.c www.te https:// R E V I S T A 104 Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza Índice Contrapunto La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza Marco Fonseca1 York University, Canadá Resumen La Constitución Política de la República de Guatemala, de 1985, tiene una lógica privatizadora que prefiguró el establecimiento de modelo neoliberal de privatización, desposesión y expoliación social/ambiental, del cual deriva una “normalidad” de pobreza y extrema pobreza, a la que la cúpula empresarial y el gobierno de turno desean volver, ataviada como “nueva normalidad” tras de la pandemia de COVID-19. Frente a esa opción, se plantea la necesidad de un nuevo constitucionalismo y un nuevo consenso político post-COVID-19, que requiere de nuevos modelos de participación democrática y nuevas metas nacionales de bienestar. Palabras clave Neoliberalismo, crisis; pandemia, globalización, economía del desastre, restauración. Abstract The Political Constitution of the Republic of Guatemala, of 1985, has a privatizing logic that foreshadowed the establishment of a neoliberal model of privatization, dispossession and social / environmental plunder, from which a “normality” of poverty and extreme poverty derives, to which the Business leaders and the government in power want to return, dressed as a “new normal” after the covid-19 pandemic. Faced with this option, there is the need for a new constitutionalism and a new post-covid-19 political consensus, which requires new models of democratic participation and new national welfare goals. Keywords Neoliberalism, crisis, pandemic, globalization, disaster economics, restoration. 1. Doctor en Filosofía Política y Estudios Latinoamericanos, por la York University. Actualmente instructor en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza La pandemia es una puerta. Arundhati Roy L a disfuncionalidad del Estado y su captura total por el CACIF, bajo el esquema de la restauración total, pone en evidencia el vínculo interno que hay entre el proceso de restauración total y el modo como el capitalismo del desastre, en su modalidad cacifista, predetermina la repuesta pública, estatal, ante la crisis de la pandemia global que ya está afectando duramente a Guatemala. Esto encuentra su expresión directa en los decretos 12-2020 y 13-2020, que contienen los múltiples paquetes de “emergencia” requeridos por el poder Ejecutivo y legislados por el Congreso, incluyendo el Programa de Apoyo al Comercio Popular, el Crédito para Capital de Trabajo, el Fondo de Protección Empleo, el Programa Bono Familia, y otros como la Caja “saldremos adelante”, el Programa Adulto Mayor, el subsidio a energía eléctrica, el Programa de Dotación Alimentaria. De hecho, solo entre el 24 de marzo y el 5 de abril de 2020 el Congreso de Guatemala aprobó aumentos a la deuda pública nacional por más de Q29 mil millones (incluyendo una emisión de bonos por Q11 mil millones financiados por el Banco de Guatemala) con la vasta mayoría de estos fondos para fines que no tienen nada que ver con la emergencia nacional por el COVID-19 (Pérez, 2020). Este endeudamiento supone elevar la relación deuda/PIB de un 26.9% en 2019 a un 31% en 2020 y la ampliación presupuestaria que asciende hoy a Q109 mil 621 millones también implica la elevación del déficit fiscal a Q36 mil 650 millones (6%) (Gamarro, 2020). Comparado con el pobre “aporte” y donaciones de las empresas privadas en Guatemala, que solo llega al 0.37% del total de gastos relacionados con la emergencia nacional, la deuda publica que recae sobre los hombros de las mayorías sociales trabajadoras y sus descendientes representa el principal medio 105 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza de rescate, estímulo económico y acumulación por medio del desastre. El argumento que aquí desarrollamos brevemente es que la respuesta cacifista del Estado a la crisis del COVID-19 se desprende del patrón macroeconómico fundamental, que ha condicionado las políticas públicas desde 1986, y ofrece un claro ejemplo de por qué urge luchar por una Refundación no solo como un horizonte de significado para las necesidades del presente, sino también como un proyecto incluyente, democrático y plurinacional de transformación profunda y estructural del Estado y la economía. Constitución y neoliberalismo Uno de los aspectos más claros en la Constitución de 1985 es el papel central y rector que los/as constitucionalistas le dieron a la persona individual y a la propiedad privada. Este fue el contexto constitucional que legitimó el desencadenamiento del neoliberalismo, la doctrina shock, y los consecuentes procesos de privatización neoliberal que se iniciaron en los ochentas, los ataques contra lo común, lo público y lo colectivo en manos de la Oficina de Privatización y Desmonopolización del Estado y, más recientemente, la expansión de una oleada de proyectos desposeedores, extractivistas y expoliadores del capital transnacional, en sociedad con el “sector privado organizado” de Guatemala. La Constitución de 1985 pone a la persona individual como objetivo central de la protección del Estado (Título I, Artículo 1) y le da a la propiedad privada el carácter trascendental y la garantía legal de ser un “derecho inherente a la persona humana” de la cual “toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley” (Artículo 39). Aunque la Constitución habla de que “en casos concretos, la propiedad privada podrá- ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas”, dicha expropiación siempre “deberá- sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual”, es decir, es una expropiación que no expropia nada sin previa y efectiva “indemnización” monetaria en base a “su valor actual”. 106 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza Solo en los casos extremos de “guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización”, sin olvidar que dichas definiciones siempre son el producto de construcciones ideológicas del poder. Esta es, sin embargo, la esencia de la certeza jurídica del capital en el andamiaje constitucional vigente. La respuesta del Estado tanto a los requerimientos de la globalización y la nueva ola de penetración de capital transnacional extractivista (minería, monocultivos, hidroeléctricas, etc.) que se ha venido dando desde los años 90, como a la crisis de la pandemia por el nuevo coronavirus Sars-Cov-2 o COVID-19, demuestra que, ante la presión del capital transnacional así como el poder y la cooptación del Estado por parte del CACIF, no han sido capaces de intervenir los grandes conglomerados privados en función de mitigar y combatir los efectos de la globalización, la crisis climática o, como en el presente inmediato, la pandemia. El Artículo 67 habla, por ejemplo, de que “las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida”. Pero, desde la supuesta “transición democrática”, el régimen económico dentro del cual se ofrece ésta “protección”, como lo demuestra la expansión del extractivismo minero, las hidroeléctricas y los monocultivos en las últimas dos décadas y como lo demuestra también la calamitosa situación de la «vivienda popular» y la expansión de la economía informal y la precariedad, sobre todo en los barrios marginales de los centros urbanos, está en total contradicción con la misma. En ningún lado, sin embargo, habla la Constitución de 1985 de una garantía de los derechos sociales de los/as más débiles –como lo plantea el garantismo constitucional de pensadores constitucionalistas como Ferrajoli– ante los embates del capital nacional y transnacional o de derechos de la naturaleza ante los desastres naturales por la crisis ambiental o climática que hoy define el presente. En ningún momento 107 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza se habla de una limitación a la propiedad de los monopolios agroindustriales, las grandes propiedades de las elites urbanas o de los grupos regionales de poder. Al contrario, se habla de que “mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado ฀ las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo” (Artículo 68). Y esto sin atención alguna al impacto ambiental y ecológico de tales distribuciones o sin limitación alguna a las formas de clientelismo que ellas implican. En ningún momento se habla de un desarrollo económico compatible con el medio ambiente, sino que solo se habla nominalmente de “propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico” (Artículo 97). Estas son, en efecto, promesas que en el mejor de los casos se han quedado vacías. Basta con darse cuenta que, en plena época de crisis climática y destrucción medioambiental descontrolada, el Estado en Guatemala destina solamente el 0,2% del PIB en la protección del medio ambiente que “incluye los desembolsos efectuados para el manejo de desechos y aguas residuales, la reducción de la con- taminación, la protección de la biodiversidad y del paisaje, y la investigación relacionada con la protección del medio ambiente” (Comisión Económica para América Latina y el, 2019, p. 141). De igual modo, la Constitución de 1985 no habla en ningún momento de darle centralidad a la economía campesina, la agroecología o la seguridad alimentaria por medio de una expansión de las tierras dedicadas colectivamente a estos fines. En lugar de ello dice que el “Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud” (Artículo 99). En todo caso, declara dogmáticamente la Constitución cacifista del 85, “no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna” al mismo tiempo que “se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición” (Artículo 41), se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada intelectual (Artículo 42), se garantiza la “libertad de industria, comercio y trabajo” (Artículo 43) y se proclama contradictoriamente que “el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social” (Artículo 101) supuestamente 108 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza para prevenir condiciones sociales desiguales, desarrollo desigual, precariedad laboral e incluso los ahora infames “salarios diferenciados”. El Artículo 102, Inciso C, también habla de la “Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad”. En la época de la restauración total es de esperar que retornen los llamados “salarios mínimos diferenciados”. Ante todo, la Constitución repite que la propiedad privada es un “derecho inherente” que tampoco puede ser violado por otros “derechos inherentes a la persona humana” (Artículo 44) como el derecho a la educación, el trabajo digno o la vida misma. Queda muy claro, por tanto, que la Constitución de 1985 está caracterizada por un débil formalismo social y un fuerte contenido neoliberal que ha servido de trasfondo y legitimación jurídica para la expansión del capitalismo del desastre en Guatemala en las últimas tres décadas. ñʁǔ˸Řǜǔ˘ŘƋǔɂȭƙ desposesión y expoliación social/ ambiental La lógica privatizadora que se desprende de la Constitución de 1985, de acuerdo con Benedicte Bull, adquiere en Guatemala su forma más avanzada en Latinoamérica, en tanto que “Guatemala es el país que ha llevado a cabo el proceso de privatización más amplio” no solo en utilidades del Estado sino también en otros sectores estratégicos de la economía. Así, por ejemplo, “Una de las primeras acciones de Vinicio Cerezo como presidente fue la introducción de un Programa para la Reorganización Nacional (PREN), para un plazo de cuatro años, el que incluía varias medidas para reestructurar la economía, con una orientación a las exportaciones y a la desregulación interna, y un programa de reforma del Estado dirigido a incrementar la participación y la descentralización.” Cerezo no era un neoliberal doctrinario, pero sí puso al país en una trayectoria neoliberal inconfundible: En 1989, el Gobierno de Cerezo comenzó un viraje 109 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza hacia un modelo neoliberal de crecimiento económico, impulsado por las exportaciones, a lo que el Presidente Cerezo denominaba como “la modernización” de la economía, y que se resumía en dos planes económicos: el “Plan de los 500 Días”, y, “Guatemala 2000”. Los programas se centraban en el desarrollo de las exportaciones no tradicionales, combinado con un enfoque hacia la justicia social basado en la idea del “derrame” [trickledown]. Los servicios públicos quedaron ahora en discusión, y las empresas estatales como objetos para el incremento de la participación privada, y sujetas a reestructuración” (Bull, 2008, pp. 77–78). La función de Manuel Ayau Cordón, ideólogo neoliberal, fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y miembro del desaparecido partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), fue crítica tanto en la diseminación como en la eventual adopción oficial del neoliberalismo en Guatemala. Ayau Cordón presionó duro para la privatización de los bienes y servicios públicos desde mediados de la década de los 1980 llegando a ser –luego del “serranazo”– el director de la Oficina de Privatización y Desmonopolización del Estado. Fue Ayau Cordón quien, a partir de su compromiso ideológico con el individualismo posesivo y el neoliberalismo, también en representación del sector privado y del cacifismo, le dio un impulso agresivo a la construcción de los megaproyectos, particularmente los hidroeléctricos, para beneficio de empresas mineras y agroindustriales en detrimento de medio ambiente, comunidades rurales tanto indígenas como no indígenas e, incluso, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con los que Guatemala ya estaba formalmente comprometida. Entre los ejemplos de esto tenemos el caso de la hidroeléctrica Río Bobos, en Morales, Izabal, en 1995 a través de la empresa HidroNorte, S.A, la cual pertenece al Grupo Fabrigas, fundado por Ayau y luego de su muerte en 2010, pasó a ser controlado por sus sobrinos Martín Minondo Ayau y el columnista de elPeriódico, Raúl Minondo Ayau. Éste último es propietario de Agropecuaria Potrerillos, que en 2011 recibió autorización para construir el proyecto hidroeléctrico Hidro Salá con un potencial de 15 MW (Solano, 2014, pp. 47–48). 110 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza A partir del gobierno neoliberal de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) el Estado ampliado (sociedad política dominante + sociedad civil permitida) implementó todo el potencial privatizador de la Constitución de 1985 a favor de las cúpulas privilegiadas y minoritarias del CACIF. Ya desde el gobierno de Jorge Serrano Elías y su Movimiento de Acción Solidaria (MAS) en 1991 y 1992 se había empezado a construir toda la estructura jurídica que, por un lado, implementó la “desmonopolización” del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) mediante el Acuerdo Gubernativo No. 98-93 y, por otro “eliminó las restricciones legales que prohibían la participación de capitales transnacionales en las diferentes actividad energéticas” del país (Batres, 2014, p. 15). Con Arzú Irigoyen, sin embargo, se inician las grandes privatizaciones a partir de la promulgación de la Ley General de Electricidad y la creación del llamado Mercado Mayorista (MM), lo que “concretó la ‘desmonopolización’ del sector eléctrico público” formalmente pero, sustancialmente, significó el surgimiento del monopolio en las actividades de transporte, distribución y comercialización del servicio, poniéndolo en manos de la transnacional española Unión Fenosa y la creación de las empresas Distribuidora Eléctrica de Occidente (DEOCSA) y Distribuidora Eléctrica de Oriente (DEORSA) (Batres, 2014, p. 17). En medio de acusaciones de corrupción y fraude el proceso privatizador continuó a todo vapor en 1998 y se expandió a la privatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA), al venderla a empresas transnacionales; la privatización de la entonces estatal Empresa de Telecomunicaciones (GUATEL) y la creación de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), con base en la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo 94-96); la eliminación del requisito constitucional de una mayoría de 2/3 en el Congreso para la enajenación de instituciones autónomas; la desregulación de “los precios y condiciones para interconexión” y su establecimiento mediante “acuerdos entre los diferentes operadores” y sin ninguna regulación de los precios (Bull, 2008, p. 97). La privatización de TELGUA estuvo seguida de subastas de frecuencias de telefonía celular por medio de 111 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza “Títulos de Usufructo” (propiedad privada); la privatización de la Línea Aérea Guatemalteca (AVIATECA); del Banco Nacional de la Vivienda (BANVI); de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA); importantes concesiones privadas de la red vial, de los servicios sociales, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de la educación y la salud, de las redes turísticas, la red vial y de mucho más. Mucho de esto fue apuntalado por representantes de las cúpulas cacifistas, como Jorge Briz Abularach, y justificado como alternativa racional a una reforma tributaria (“expropiatoria”) más o menos progresista, compatible con la “certeza jurídica” y la Constitución de 1985 y, además, como solución al problema de la deuda externa de Guatemala, aunque el nivel de endeudamiento externo en sí mismo o, incluso, el proceso de privatización misma no había sido utilizado ni siquiera por los organismos financieros internacionales para imponer en Guatemala los muy infames programas de “ajuste estructural” de la década de los 1980 (Bull, 2008, p. 106). Esto solo ocurre en 1992 cuando Guatemala “logró la aprobación de un PAE [Programa de Ajuste Estructural] con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsaba, entre otras cosas, la venta de las empresas públicas de servicios estratégicos para reducir el déficit fiscal y disminuir la deuda pública” (Avila Montúfar, 2020, p. 7) . Hoy, de esas privatizaciones durante el gobierno de Cerezo Arévalo, Mario López Estrada, ex Ministro de Comunicaciones en su gobierno y presidente de Tigo Guatemala (grupo Onyx), ha surgido como el guatemalteco más rico del país. Pero, por otro lado, de las privatizaciones de Arzú “...la población guatemalteca, principalmente la que vive en las comunidades rurales, aún no ha podido observar los beneficios ya que muchos de los servicios monopólicos son no solo deficientes, sino también onerosos” (Batres, 2014, página 17). Las privatizaciones se dieron, en realidad, por razones ideológicas y por demanda del sector privado organizado y ocurrieron de manera más aguda, como aplicación de lo que Naomi Klein llama “la doctrina shock”, durante el Gobierno del PAN a partir de 1996. Como programa de gobierno, las privatizaciones siguieron al pie de la letra el guion del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) conocido 112 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza como la “Ley General de Privatización” así como las ideas de los Chicago Boys provinciales como Arnoldo Harberger, contratado en Guatemala por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) (establecido en 1982 por iniciativa de la USAID) para apuntalar la “Ley de desmonopolización como medio para preparar un proceso de privatización” todavía más amplio y profundo (Bull, 2008, p. 85). La estrategia del sector privado de colocar a sus intelectuales orgánicos “en los más importantes cargos gubernamentales”, desde el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo hasta el actual gobierno de Alejandro Giammattei que, como un gobierno de restauración neoliberal total, ha instalado a representantes del CACIF en sus posiciones ministeriales más importantes. Con la entrada en vigor del CAFTA-DR en 2006, un legado del presidente Alfonso Portillo y del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y su eventual consolidación en el Plan Alianza para la Prosperidad en 2016 suscrito por el presidente Jimmy Morales y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), las manos del Estado en Guatemala quedaron legalmente (Pocasangre, 2015). atadas Empresas transnacionales, particularmente las mineras Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (dueños del proyecto Progreso Derivada VII en El Guapinol, San Pedro Ayanpuc), Montana Exploradora (propiedad de Gold Corp, dueños de la Mina Marlin en San Marcos), etc., han denunciado a Guatemala y reclamado cientos de millones de dólares en múltiples ocasiones, cuando la Corte de Constitucionalidad ha fallado en favor de las comunidades afectadas por el impacto ambiental de las operaciones de la minería metálica y porque el Estado y las empresas no ha hecho las consultas comunitarias requeridas por la ley nacional e internacional. Algo similar ha ocurrido con otras inversiones transnacionales. La política macroeconómica está así, en lo fundamental, predeterminada por una constitución neoliberal que favorece los intereses de la propiedad privada y los tratados comerciales y de inversión dentro de los cuales opera el capitalismo neoliberal de Guatemala. Cualquier misión social, reguladora o coordinadora que el Estado todavía podría jugar en nombre del “bien común” y 113 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza dentro del marco constitucional ya neoliberal de 1985 está subsumida y supeditada por la globalización corporativa, en la que el cacifismo y la clase política dominante han insertado a Guatemala en nombre de la ideología de la “competitividad” y la “libertad de mercado”. Dentro de este marco, nada de lo que dicen los Acuerdos de Paz, nada de lo que dice la ley internacional (por ejemplo, Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y nada de lo que demandan los movimientos sociales y las mayorías pobres y subalternas de Guatemala en materia de desarrollo social y económico, tienen chance alguno de producir resultados estructurales y duraderos. Las concesiones clientelistas y electorales nunca trascienden lo contingente y pasajero. Por mucho que hoy se encuentra bajo asedio debido a los ataques del Pacto de Corruptos afincados en el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad misma ha exhibido un comportamiento contradictorio e incoherente que en parte ha minado su papel constitucional de “garantizar” el bien común y el sistema constitucional por encima de los transes, los intereses monopólicos y las políticas pro-empresariales que constantemente emanan de los poderes del Estado en detrimento de los tenues derechos sociales, políticos y económicos, que apenas están reconocidos en la Constitución de 1985 o en los tratados internacionales que Guatemala ha ratificado. Los datos concretos que surgen de múltiples estudios por parte de organizaciones internacionales como el Banco Mundial confirman que, en términos de políticas económicas, la CC ha servido –con pocas excepciones, que sin embargo han sido muy decepcionantes para las cúpulas del CACIF– para garantizar la “certeza jurídica” del neoliberalismo y la globalización, es decir, garantizar la verdadera constitución que rige en Guatemala por medio de los TLC. Y hoy, en la coyuntura de la restauración total del gobierno de Giammattei, el retroceso constitucional al que estamos asistiendo gracias al golpe legislativo del Pacto de Corruptos afincando en el Congreso, confirma que la solución no es simplemente demandar el “cumplimiento” de la Constitución de 1985 o 114 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza la implementación de reformas cosméticas. El desastre del neoliberalismo Evidencia concreta del desastre que significa el capitalismo extractivista y globalizador respaldado por el constitucionalismo neoliberal de 1985, la encontramos en el nivel de pobreza y pobreza extrema en Guatemala, así como en los alarmantes niveles de inseguridad alimentaria que hay entre las mayorías sociales subalternas. Aquí entendemos por “pobreza extrema” la condición de las personas que viven con menos de US$1.25 al día. La superación de esta condición constituye la primera meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que Guatemala ha suscrito y supuestamente integrado dentro de su propia legislación y políticas públicas de desarrollo. No es posible entender lo que el PNUD llama la “desigualdad de las capacidades” sin tomar en cuenta los elementos sistémicos que las predeterminan. La contradicción principal del modelo de acumulación del país se puede apreciar en base a datos desarrollados por el Banco Mundial. Por un lado: Guatemala ha experimentado estabilidad económica que puede ser atribuida a una combinación de gestión fiscal prudente, políticas para el control de la inflación y un tipo de cambio flotante administrado. El país ha tenido un desempeño económico sólido en años recientes, con un crecimiento del PIB de 2.8 por ciento en 2017, 3.1 por ciento en 2018 y 3.6 por ciento en 2019. Debido al impacto de la pandemia de COVID-19 (coronavirus), se espera que la economía del país se contraiga a -1.8 por ciento en 2020 y crezca 4.4 por ciento en 2021 (Banco Mundial, 2020). Por otro lado, el mismo Banco Mundial dice: Pero la estabilidad económica de Guatemala no se ha traducido en una aceleración del crecimiento que permita cerrar la brecha de ingresos con países ricos. De hecho, las tasas de pobreza y desigualdad en el país son persistentemente altas, y los altos índices de retraso en el crecimiento infantil amenazan la capacidad de Guatemala para alcanzar su pleno potencial de desarrollo. La pobreza, medida en la línea 115 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza de un ingreso de US$5.5 por persona por día, aumentó entre 2006 y 2014 de 43.4 por ciento a 48.8 por ciento, lo que sumó a casi 2 millones de personas a la pobreza. La pobreza extrema (ingreso menor a US$1.9 por persona por día) afectó al 8.7 por ciento de la población en 2014, casi medio millón de personas más que en 2000. Las desigualdades persisten en las áreas geográficas y entre grupos étnicos, y los pueblos indígenas continúan particularmente en desventaja, algo que el censo de 2018 volvió a confirmar. En esencia, hay “dos Guatemalas”, una con buena posición económica y una pobre, una urbana y otra rural, una ladina y otra indígena con grandes brechas sociales y económicas. Estas diferencias se ven agravadas por la alta vulnerabilidad del país al cambio climático, que afecta la desnutrición, la salud, la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y los ecosistemas naturales (ibídem). Aunque un número reducido de personas aumentó sus ingresos y con ello –de acuerdo con el truculento Coeficiente Gini– parece que ha habido gente en Guatemala saliendo de la pobreza y pasando a las filas de la clase media, esto ha ocurrido dentro de un modelo económico donde “aumentaron la pobreza y la pobreza extrema” de manera aún más acelerada. No es posible decir con ninguna seriedad que Guatemala es hoy un país más igualitario y menos pobre que hace diez años, pero sí podemos decir que en Guatemala la gente rica es hoy más rica que nunca. Como correctamente lo pone Diego Padilla Vassaux en Nómada, “el crecimiento no reduce la pobreza”. En Guatemala, al contrario, el crecimiento es el principal productor de pobreza. Esto es lo que, en lo fundamental, explica las “dinámicas de desigualdad del desarrollo humano” del país. A pesar del alza constante de la riqueza de grupos pequeños (las cúpulas dominantes del CACIF y pequeños grupos de las clases medias) en la última década, el dato más alarmante de la economía guatemalteca es el dramático y constante aumento de la pobreza y la pobreza extrema que está vinculado dialécticamente al incremento frenético en el proceso de acumulación extractiva y ampliada de capital. Ante esto 116 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza parece paradójico concluir, como lo hace el Banco Mundial, que lo que ha resultado del “crecimiento” del neoliberalismo sea susceptible de componerse con más crecimiento del neoliberalismo: Acelerar el crecimiento será crucial para lograr los objetivos sociales a mediano y largo plazo del país. Si bien las reformas de políticas en favor de los pobres podrían generar mejoras marginales, se necesita un cambio en el crecimiento económico. Impulsar ese crecimiento dependerá de reformas continuas para movilizar una mayor inversión privada y generar más ingresos para financiar importantes inversiones en infraestructura y capital humano (Banco Mundial, 2020). La obvia contradicción que notamos en los datos de arriba, tomando en cuenta los datos estadísticos agregados del BM, es entre el crecimiento de la riqueza y el crecimiento de la pobreza al mismo tiempo aunque de modo diferenciado y desigual dependiendo de la etnia, clase social, sexo y área geográfica, de modo sostenido y dentro del mismo modelo económico, durante todos los gobiernos desde la llamada “transición democrática” en 1985 hasta nuestros días de pandemia, y el consecuente desastre social, sanitario y económico que ya se está haciendo presente, agravado con la crisis climática. Algo particularmente notable en los mapas económicos de Guatemala es que los focos de concentración de la pobreza y pobreza extrema coinciden perfectamente con los centros de acumulación agroindustrial y extractivistas, que se han expandido en las últimas décadas (García Aldana, 2012). Pocos ejemplos ilustran mejor el desastre del neoliberalismo en Guatemala que la crisis en la seguridad alimentaria del país agravada por la crisis ambiental y climática y, hoy, por la pandemia del COVID-19. El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) es una creación relativamente reciente pues surge en 2005 por medio de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 32-2005) decretada por el Congreso. Sin embargo, de acuerdo con un reporte reciente de las Brigadas de Paz Internacionales (PBI, por sus siglas en inglés), con datos obtenidos de USAid, PNUD y organizaciones sociales 117 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza de Guatemala, la inseguridad alimentaria en Guatemala tiene hoy proporciones catastróficas: A pesar de albergar más del 70 por ciento de la diversidad biológica del planeta y de ser uno de los 18 países reconocidos como megadiversos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo y la más alta de América Latina y el Caribe, según datos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Además, en la actualidad aproximadamente el 50 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento debido a la inseguridad alimentaria crónica, siendo las áreas indígenas las más afectadas, ya que un 70 por ciento de la población indígena padece actualmente desnutrición crónica. Por tanto, no solo se trata de una problemática que afecta a la niñez, sino a familias y comunidades enteras. Tal y como señala Omar Jerónimo [Coordinador de la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND)] donde hay un niño o niña con desnutrición crónica, hay una familia con problemas alimentarios (PBI Guatemala, 2017). Hay varias causas inmediatas y estructurales de este desastre alimentario, pero por razones de espacio aquí solo pueden ser señaladas las más obvias. La “inexistencia de políticas públicas que protejan y promuevan las capacidades y las formas de las familias para alimentarse por sí mismas”. Aunque “el derecho a la alimentación está planteado como algo inherente a la población y que debe garantizar el Estado”, el Estado no garantiza el cumplimiento de este derecho más allá de programas clientelistas, contingentes y pasajeros. El énfasis constitucional en los derechos individuales y en la protección de la persona y la propiedad privada no tienen ningún impacto práctico y directo sobre las políticas o programas de alimentación entre la población pobre, más allá de la distribución cíclica (como ocurre cada año en el Corredor Seco) o contingente (como está ocurriendo en tiempos de pandemia) de “canastas de alimentos” entre los sectores, comunidades o zonas más afectadas. 118 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza La falta de acceso a la tierra y al agua potable por parte de las poblaciones indígenas y campesinas –lo que afecta especialmente a las mujeres rurales– empeorado por “la guerra y el despojo de tierras por parte del Estado y sus diferentes gobiernos militares”, se ve agravado por la acaparación de tierras por parte de empresas nacionales y transnacionales. A pesar de una “Declaración Pública de Compromiso Voluntario para la Cero Deforestación” y la retórica empresarial de compromisos relacionados con el respeto de los ODS en relación a proteger, restablecer y promover el uso de los ecosistemas terrestres, por parte de organizaciones empresariales como la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), lo que define el panorama social y ambiental es una desenfrenada y frenética deforestación, que es fundamentalmente “fruto de la tala inmoderada de árboles” provocada, en gran medida, por la acción incontrolada de empresas madereras, palmeras y mineras. El cambio climático, que empeora las condiciones de vida y salud de las comunidades que habitan micro-regiones severamente afectadas por cambios en los patronos de lluvia, salud de los suelos y seguridad del cultivo, es otro factor que está empeorando el acceso a la tierra y el agua. El impacto de la deforestación es particularmente profundo en la ecología política de las comunidades y los ecosistemas que las rodean y les proveen recursos comunes: “la pérdida de bosque es alta, por más que se desarrollan programas de financiamiento como el que ejecuta el Instituto Nacional de Bosques, no se logra recuperar la tasa perdida. La reforestación no es conservación de biodiversidad porque se cultivan árboles de una sola especie y un bosque no está compuesto por una sola, es un ecosistema. Cuando talamos también acabamos con árboles, hierbas, insectos, arbustos, animales, bacterias y microorganismos. Cuando sembramos árboles se restablece un ecosistema frágil, porque un solo cultivo nunca va a restituir una montaña”. Por su parte, “el problema del agua se convierte en un problema para la nutrición y para la paz comunitaria”. La tala de bosques para los monocultivos, la destrucción de selvas para las mega-hidroeléctricas o las exploraciones mineras y petroleras, y la acaparación de tierras 119 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza comunitarias y aguas comunes por las grandes empresas nacionales y transnacionales pueden generar ganancias y “crecimiento económico” –el tipo de crecimiento económico que es reconocido como tal por la economía oficial y sus cálculos monetarios, mercantiles y financieros. Pero la lógica fundamental de este modelo económico es simplemente hostil para vida social y natural. Finalmente, los monocultivos (palma africana, caña de azúcar, etc.) y agrocombustibles (etanol y biodiesel que producen plantas agroindustriales como el ingenio Pantaleón) para la exportación, que se han expandido en diversas regiones del país de forma acelerada y descontrolada alcanzando un 600% solo en la última década (Tendencias21, 2019). Representantes de la industria constantemente afirman que en Guatemala el cultivo de la palma aceitera abarca solamente 165 mil hectáreas o sea “el 2.2% de terreno ocupado para producción agrícola” y que en “sus plantaciones se está usando tierras en donde antes había cultivados banano, algodón, pastizales o arroz y no se ha deforestado bosque”. Desde la perspectiva agroindustrial, “la mayor deforestación en Guatemala la causa la leña”, es decir, la gente pobre que en ausencia de otras opciones utiliza los medios más baratos o ilegales para generar energía y combustible para sus propios hogares (Bolaños, 2019). Sin embargo el problema no es por corte de leña y, de continuar, “la actual tasa de deforestación, con la pérdida anual de 18,350 mil hectáreas, o sea el 0.5% del territorio nacional, Guatemala podría alcanzar el 0% de cobertura boscosa en un lapso de cinco años” y, con ello, irreparables pérdidas de biodiversidad y capacidad de resiliencia para mitigar la crisis climática y promover la regeneración de ecosistemas (Viatori, 2019). El grueso de estas pérdidas está ocurriendo en las áreas agroindustriales de mayor intensidad y extensión extractivista, mientras que el grueso de las áreas mejor protegidas en medio de este océano de devastación se encuentra en las concesiones forestales comunitarias, como las que operan y gestionan un 44% de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya (Stoian et al., 2018). Estos modelos colectivos, comunitarios y democráticos de 120 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza gestión económica, medioambiental y agroecológica ofrecen una alternativa práctica y efectiva al capitalismo del desastre, representado por la agroindustria. en Guatemala” y “aparecen una y otra vez documentadas en los archivos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca & Co” (Solano, 2007, 2016). De acuerdo con datos de Luis Solano, la agroindustria aceitera en Guatemala está controlada por un pequeño bloque de grupos familiares-empresariales que dominan el sector, las exportaciones y las políticas económicas y de seguridad que el Estado ha desarrollado y aplicado a partir de sus demandas y recomendaciones: Agroindustrias Hame (Olmeca, S. A.) de la familia Molina-Botrán; Inversiones de Desarrollo (INDESA) y NaturAceites, S. A. de las familias Maegli Müller y Maegli Novella y “parte de la Fundación para el Fomento de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Polochic”; Corporación Agroindustrias del Caribe, S. A. “de la familia de cafetaleros Arriola Fuxet, que tiene sus cultivos en la Finca Berlín, Morales, Izabal”; y Alimentos Ideal de la familia Köng Vielman y Köng Ossaye. La familia Campollo Codina también posee amplias extensiones de monocultivos en el sur de Petén, constituye “uno de los mayores [grupos de poder] dentro de la estructura de poder económico Una de las regiones con mayor incremento de monocultivos es el municipio de Sayaxché en Petén, un municipio de enorme importancia estratégica para empresas y comunidades que han migrado a la región desde hace décadas, “donde las empresas han definido las tierras como óptimas para la producción de palma africana y donde las familias campesinas, pobres, que se resisten a vender van quedando rodeadas por las plantaciones de palma”. En Sayaxché se ubican empresas como REPSA del Grupo Hame y Palmas del Machaquilá acusada de “mortandad de peces y contaminación del río Machaquilá” que suple de agua a varias comunidades y desemboca en el río La Pasión, foco de un ecocidio en 2015 (Fuentes Kemp, 2018; CMI-G, 2015). No está demás recordar aquí que los monocultivos, particularmente la palma aceitera y sus 25 años de cultivo efectivo en un terreno determinado, no son buenos para el medio ambiente o la salud humana en ningún sentido. Todo lo contrario, son variables directas y 121 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza vectores responsables del colapso ambiental y ecológico, así como del deterioro directo e indirecto de la salud humana. Uno de los impactos económicos directos de los procesos de deforestación, acaparación de tierras, acumulación de capital y modelo de crecimiento es la inflación del precio de la llamada “canasta básica” de alimentación, particularmente con la disminución de tierras para el cultivo de granos básicos como el maíz y el frijol. Solo en mayo de 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la canasta básica registró un incremento mensual de Q9.61 llegando a un costo total de Q3 mil 624.61 al mes para una familia ideal de cinco personas (Álvarez, 2020a). Cuando la tierra dedicada a la producción de alimentos disminuye o se ve afectada por el incremento y agudización de las sequías, no hay modo alguno de aumentar la pequeña producción, fuente fundamental de los alimentos en Guatemala, aunque haya programas de distribución de semillas y fertilizantes. Todo lo contrario, por cada persona que milagrosamente logra salir de la pobreza en Guatemala (es decir, que entra a ganar más de US$2.00 al día, lo que no es ni siquiera el salario mínimo oficial), podemos decir con la CEPAL que “la disminución de los estratos bajos y el crecimiento de los estratos medios no han sido significativos” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, p. 59). Es absolutamente claro que, con 59.3% de habitantes en pobreza y pobreza extrema (unos 9 millones de habitantes de un total de 14.9 millones según el censo de 2018) en el país, no hay programa social alguno (como el de Transferencias Monetarias Condicionadas, TMC) que pueda ayudar a suplir las necesidades de las mayorías sociales pobres y cumplir con el compromiso de superar la extrema pobreza como se contempla en los ODS suscritos por Guatemala. Encima de esto, como también lo observa la CEPAL, “Guatemala se destaca como el país con menores recursos, como proporción del PIB, destinados a la política social entre todos los países latinoamericanos (7,0%)”, es decir, unos US$230 por persona comparado, por ejemplo, con Chile que invierte US$2,538 por persona (ibídem, pp. 131, 133). Con tres millones de personas viviendo en extrema pobreza, hablar o escribir de la “nueva normalidad” post-COVID- 122 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza 19 para restaurantes, centros comerciales o aeropuertos es una cosa, pero hay que recordar que solo agregar frijoles a la “canasta básica” es hoy un verdadero desafío para las mayorías pobres que viven en la “normalidad” de la penuria, precariedad y pobreza diaria. Este panorama social y económico tan desalentador, empeorado en el corto plazo por la pandemia de la COVID-19 y, de modo más profundo y estructural, por la crisis climática, no se solucionaría ni siquiera con un aumento sustancial del gasto público social del Estado, incluso deficitario, en ausencia de reformas fiscales progresivas, encaminado a cumplir con el primero de los ODS. Y tampoco puede esperarse que las remesas, que ciertamente juegan una función importante en el alivio de la miseria generalizada, desempeñen un papel central en el alivio de situaciones de pobreza y pobreza extrema en un país donde dichas transferencias se utilizan, en su mayoría, para el consumo diario y no para los ahorros o gastos de inversión de más largo plazo. Con absoluta certeza podemos decir que estos no son tiempos en los cuales las masas miserables de Guatemala “añoren” su vida pre-pandemia pues no había nada añorable en la misma. No es pues de ningún modo exagerado concluir, como lo hace Luis Ernesto Velásquez escribiendo para el blog del Informe Nacional de Desarrollo Humano, que “los niveles de pobreza y desigualdad en el país evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo para promover el bienestar de la mayoría de la población” (Velásquez, 2017). El acaparamiento de tierras y aguas, la minería metálica, las hidroeléctricas y otras actividades extractivas y sus impactos comunitarios y ambientales han desatado la resistencia comunitaria, así como luchas sociales por la ocupación/ recuperación de tierras y otros recursos comunes. Esto lo hemos observador en territorio q’anjob’al y chuj de San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango (donde se encuentran los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II, San Andrés o Yalanhuitz e Hidro Santa Cruz), Ixcán en el norte de Quiché (donde opera Palmas de Ixcán); Sayaxché, en Petén (donde operan empresas como REPSA del Grupo Hame y Palmas del Machaquilá), El Estor y Morales, en Izabal; Panzós (donde ha operado el ingenio Chabil 123 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza Utzaj, “inicialmente propiedad de las familias Widmann Lagarde y Widmann Roquer, y desde 2011 del grupo corporativo nicaragüense Pellas Chamorro”), Santa María Cahabón (donde comunidades q’eqchi’ se ha visto afectadas por la construcción de la central hidroeléctrica OXEC en los ríos Oxec y Cahabón) y también el valle del Polochic, en Alta Verapaz; San Rafael Las Flores en Santa Rosa (donde ha operado la mina de plata El Escobal, operada por la Minera San Rafael, filial de la transnacional canadiense Tahoe Resources), San Juan Sacatepéquez (donde opera la planta de producción de cemento San Gabriel de la empresa Cementos Progreso) y otros lugares. protesta social e imposición de estados de sitio. Cuando fallan los programas sociales que “gestores comunitarios” en la planilla de las empresas ofrecen en las comunidades afectadas, o cuando fallan las “mesas de diálogo” o los “acuerdos para la paz y el desarrollo” instalados por los gobiernos y dirigidas por “comisionados” oficiales a cambio de consentimiento o para desactivar la “conflictividad social”, la respuesta del Estado ha consistido siempre en desatar procesos de criminalización de la Y a fines de mayo de 2020, de nuevo, el gobierno restaurador de Giammattei impuso un estado de sitio por un mes –luego renovado por un segundo mes– en Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá y Santa Lucía Utatlán, Sololá, comunidades que han permanecido con “operativos contantes del Ejército y Ministerio Público” (Prensa Libre) después que se registró un enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán por disputas sobre tierras que resultó ¿Cómo se criminaliza la protesta social en defensa de comunidad, protección del territorio y conservación del medio ambiente? Esto lo vimos, por ejemplo, en 2012 cuando el gobierno corrupto y militarista de Otto Pérez Molina y su Partido Patriota acusó a la población q’anjob’al de Barillas y su lucha contra Hidro Santa Cruz de “narcotraficantes”, “delincuentes”, “provocadores” y parte del “crimen organizado” (de León & Bastos, 2020). Más recientemente, en 2019, el gobierno conservador de Jimmy Morales impuso un estado de sitio en 22 municipios del nororiente desde El Estor hasta el valle del Polochic. 124 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza en una persona muerta. El estado de sitio ha derivado en abusos por parte del Ejército y la PNC en dichos municipios y con ello han empeorado la llamada “conflictividad social” que supuestamente debía contribuir a solventar. Luego, en julio de 2020, Giammattei declaró otro estado de sitio en cinco municipios de Izabal (El Estor, Morales y Livingston) y Alta Verapaz (Panzós y Santa Catarina la Tinta) con la excusa de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y hasta el “terrorismo”, aunque realmente en respuesta a la demanda cacifista de “certeza jurídica” y “seguridad”. Detrás de estas políticas represivas siempre encontramos a los mismos actores: mega-proyectos extractivistas y empresas transnacionales como la española Ecoener Hidralia Energía (propiedad de los hermanos españoles Luis y David Valdivia con financiamiento de la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial) y su subsidiaria guatemalteca Hidro Santa Cruz; la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Guatemalteca de Níquel de Izabal S.A. (Pronico); la empresa Cementos Progreso; organizaciones empresariales como la Grepalma; y organizaciones civiles como la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro). Es obvio que organizaciones como la Acdepro, dada a conocer ante la prensa nacional en junio de 2020 por Jaime Arimany, han surgido como un poderoso frente ideológico de la agroindustria plantada en la sociedad civil misma. No es casual o fortuito, no es simple cuestión de oferta y demanda, simples fallas en el mercado o falta de competitividad, no es por la corrupción ordinaria dentro del Estado que Guatemala ocupe año tras año, década tras década, un lugar tan bajísimo en su nivel de “desarrollo humano” a pesar de la implementación sucesiva de varias políticas de “desarrollo humano” con un coctel variado de programas sociales, políticas de educación o planes de salud en teoría apegados a los consejos de organizaciones internacionales como el del PNUD o la OMS en conjunción con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y múltiples agencias internacionales de “desarrollo y cooperación”. Ese es precisamente el andamiaje desde el que desciende el neoliberalismo de lo internacional (de instancias como el Foro Económico Mundial dominadas 125 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza por la clase capitalista transnacional) al capitalismo nacional (CACIF, Agexport, Fundesa, CIEN, Asies, etc.) y a lo estatal (Segeplan, MARN, etc.). Estas políticas han sido implementadas por todos los gobiernos desde la “transición democrática”, en forma de programas sociales, transferencias condicionadas, distribución de semillas, etc. para tratar de rellenar los hoyos gigantescos en la condición humana abiertos como resultado del modelo dominante de capitalismo periférico, extractivo, expoliador e inhumano que el cacifismo y grupos regionales de poder han impuesto a Guatemala como su “normalidad”. Las elites dominantes de Guatemala, sobre todo organizadas en el CACIF, no han sido capaces de adoptar un modelo de capitalismo más inclusivo y capaz de servir de base para formas más democráticas y responsables de política. Mientras que otras economías capitalistas han hecho inversiones significativas para superar la pobreza y la pobreza extrema, las cúpulas del CACIF, con su infranqueable fe en el fetiche del mercado, la magia del “derrame económico” y la devoción a la “estabilidad macroeconómica”, ni siquiera han sido capaces de orientar al país en la dirección necesaria para cumplir con el primero de los ODS, es decir, la superación de la pobreza extrema, entendida como la condición económica de las personas que viven con menos de US$1.25 al día. En base a los datos que hemos utilizado en esta sección es, por tanto, imposible evadir la siguiente conclusión. Después de años de aplicar políticas neoliberales de desarrollo urbano y rural de uno u otro tipo, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano en el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 del PNUD, Guatemala hoy ocupa la triste, deprimente y desalentadora posición 126 de un total de 189 países, medidos por estos indicadores. Las estadísticas de pobreza nacional que obtenemos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) para 2014 respaldan esta conclusión y solidifican la impresión de que Guatemala simplemente no tiene esperanza de desarrollo humano y sostenible, siempre y cuando se busque dicho desarrollo dentro de la “normalidad” económica preCOVID-19, sin atención significativa alguna a la crisis climática y lo que la misma demanda en términos de transición ecológica, y con el continuo “manejo macroeconómico prudente”, que permite 126 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza el continuo enriquecimiento del 1% privilegiado de la población y la reproducción del capitalismo neoliberal del desastre. A modo de conclusión Guatemala no es el centro mundial de la pandemia de COVID-19. Pero hasta fines de julio de 2020 se han registrado más de 1,200 muertes y más de 30 mil personas contagiadas. Las proyecciones que ya tenemos del curso de la pandemia para fines de 2020 son aterradoras: las muertes podrían llegar a más de 13,000 para noviembre y 15,000 para diciembre mientras que el número de contagios podría oscilar entre 80,000 (con medidas de emergencia) y 120,000 (si se relajan las medidas de emergencia) (Vásquez, 2020). Estas cifras posicionan a Guatemala como uno de los peores casos de la pandemia en Latinoamérica y sin un horizonte de resolución en el futuro cercano. La respuesta del gobierno restaurador de Giammattei ante este panorama desolador, en un país que clama por la esperanza, es prácticamente criminal. En declaración emitida por el presidente a principios de julio afirmó lo siguiente: “Tendremos que aprender a vivir con ello. Solo tenemos dos caminos, o nos da o nos salvamos de que nos dé y la única forma es mascarilla, anteojos, guantes, no dar apapachos, solo saludos de lejos y es lo que nos toca”. Ante el colapso del sistema de salud y la pérdida total del control del manejo de la pandemia, las declaraciones del presidente revelan una política oficial que, a pesar del discurso público indicando lo contrario, se contenta con implementar la inmunidad de rebaño. Como extensión lógica de esto, aún cuando la pandemia no ha llegado a su pico, FUNDESA propone “comenzar a tener protocolos de apertura” de la economía y prepararse como sea para la “nueva normalidad” postCOVID-19. La pandemia de COVID-19 llegó a Guatemala en el peor momento del proceso restaurador del neoliberalismo + corrupción que se inició con la presidencia de Jimmy Morales en 2016 y que se ha consolidado y extendido en un proceso de restauración total con la presidencia de Alejandro Giammattei, a partir de 2020 (Fonseca, 2017b, 2019). Como lo hemos mostrado en otros estudios, el modelo de acumulación de capital por medio 127 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza de la desposesión, el extractivismo y la corrupción quedó totalmente al desnudo con los reportes de la CICIG (Fonseca, 2017a). Por lo menos en términos de las instituciones políticas del Estado, cooptadas y corruptas por el financiamiento electoral ilícito del sector privado organizado, este modelo se vio seriamente cuestionado en 2015 por la ciudadanía indignada por medio de una jornada inédita de protestas rizomáticas que culminaron con la renuncia al poder de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y el desplome total del gobierno “patriota” que llegó al poder con el apoyo y financiamiento del sector privado. Este modelo de acumulación y de dominación ha sido no solamente restaurado, sino que también descaradamente ampliado. El golpe legislativo que el Pacto de Corruptos le ha asestado a la Corte de Constitucionalidad en 2020, lo que representa un esfuerzo más por eliminar incluso lo muy poco y débil de justicia y legalidad que queda en el sistema jurídico de Guatemala busca, efectivamente, sellar el proceso restaurador para continuar con su proceso de reproducción corrupta y violenta de modo expandido. Con la restauración del Estado ampliado también va aparejada la profundización de los niveles de exclusión, pobreza e inseguridad que definen la “normalidad” de las mayorías sociales subalternas. Lejos de ver sus condiciones incluso mínimamente mejoradas por el “crecimiento sostenible” del extractivismo, los grupos subalternos experimentan más precariedad económica y, con el lógico incremento de la protesta social, la resistencia indígena y comunitaria, así como la defensa del territorio y la dignidad ciudadana, más represión política por parte del Estado. Aunque el escenario macroeconómico nacional ya estaba definido por la “normalidad” del capitalismo del desastre y globalizador (en la medida en la cual las principales ramas de la economía nacional están vinculadas a las cadenas de oferta y valor, las nuevas “venas abiertas” de América Latina, controladas por empresas transnacionales (Robinson, 2020; Valdez Gordillo, 2015)), el dramático impacto de la pandemia en la economía nacional ha dejado en la intemperie y la incertidumbre a las mayorías sociales de la población trabajadora. En efecto, la pandemia ha devastado a la llamada “economía informal” que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, en su ultima encuesta de 2019, provee 128 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza el 72% (alcanzando un 83% a nivel rural y siendo más alta entre mujeres, indígenas y juventud) del total de empleos de un total de 6.9 millones de personas ocupadas, representa una mayoría de 4.8 millones de personas y representa el 22% del PIB (INE, 2019). La vida en la informalidad, incluyendo sus pesadillas y la desesperanza, también se ha visto agravada con el desplome de las remesas como resultado del impacto de la pandemia en la economía de Estados Unidos. En Guatemala, la pandemia también ha devastado a las micro, pequeñas y medianas empresas (las Mipyme) que generan por lo menos el 40% del PIB del país, es decir, el 85% de empleos formales y el grueso de los salarios medios del país (Pérez, 2018). Según datos del Banco de Guatemala “anualmente se generan de 20 mil a 30 mil plazas formales en el país, y de acuerdo con los datos del IGSS, de enero a mayo del presente año se registró una caída del 5% de los cotizantes”. Sin embargo, “la economía nacional podría contraerse entre -1.5% y -2.5% en el 2020” y “se anticipa que para el 2020 las pérdidas de plazas de trabajo formal podrían oscilar entre 10% y 20% menos”. De acuerdo con una encuesta de empresas que mantiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, “la fuerza laboral en las empresas consultadas se redujo en, al menos, 16.6%, y aproximadamente el 20% de estas compañías declaró que tendrá que prescindir de personal en el segundo semestre de este año” (Gándara, 2020). Aunque la Constitución de 1985 establece formalmente el derecho de toda la ciudadanía al seguro social y aunque el Estado implementó el Programa de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos y el Programa de Accesibilidad de Medicamentos como parte de la “reforma” del sector salud a partir de 1997, en realidad la cobertura del IGSS alcanza hoy día solamente a un limitado 17% de la población económicamente activa y contribuyente (Bolaños, 2020). Tomadas en su conjunto, estas condiciones son más que suficientes para la tormenta perfecta de la pandemia en un país explotado, empobrecido e inseguro como Guatemala. El modelo de acumulación por medio del despojo y el desastre, que se ha convertido en la “normalidad” de Guatemala, no dejó intacto al sistema de salud de país. Ya antes de la pandemia el 129 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza sistema sanitario del país estaba en crisis, el gasto público en salud como porcentaje del PIB muy por debajo de toda recomendación internacional, y esa crisis era algo mucho más real y devastador en las áreas sociales y geográficas de mayor exclusión y pobreza en el país. Así resume esta situación un reporte reciente de la revista digital Nómada: en su mayoría por quichés, tzutujiles y kaqchikeles. Ser indígena, pobre o vivir en el área rural de Guatemala implica tener menos acceso a los servicios de salud. En Huehuetenango, otro departamento con población mayoritariamente indígena, hay únicamente dos médicos por cada 10 mil habitantes. Se trata además de una de las zonas con las tasas más altas de mortalidad materna. Una situación similar se da en Chimaltenango, donde hay apenas un médico por cada 10 mil habitantes (López V. & Dyck, 2020). Un ejemplo de esto es que en Sololá, el gobierno trimestralmente invierte en salud solamente Q24 por cada persona, seis veces menos que en el departamento de Guatemala y casi diez veces menos que en Izabal. “-Con esto- se evidencia por qué la población guatemalteca siente el abandono del Estado en materia de salud. Al observar que Sololá y Totonicapán figuran entre la población con más altas tasas de desnutrición se señala la inequitativa distribución de los recursos con que se cuenta”, concluye un análisis del Ministerio de Salud elaborado en 2017. Ambos departamentos son poblados El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre un sistema de salud y seguridad social, ya en crisis previo al año 2020, ha sido simplemente devastador y a pesar de las grandes inyecciones de capital por medio de enormes préstamos (algunos relacionados con la pandemia y otros no), donaciones del sector privado nacional y de la cooperación internacional o ampliaciones inéditas e históricas en el presupuesto de salud por medio de más endeudamiento público, no se han registrado mejoras estructurales a problemas institucionales endémicos ni mejoras contingentes en el tratamiento de la pandemia. El sistema de salud pública se encuentra simplemente colapsado 130 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza y el sistema de salud privado es, además de desinteresado, incapaz de responder y compensar por las fallas del sistema público. Claramente estamos ante un desastre sanitario, social y económico sin precedentes y, sin ánimo alguno de exageración, apocalíptico. Para las mayorías sociales subalternas de Guatemala el desastre del neoliberalismo y la pobreza se constituyó en la “normalidad” de la economía pre-COVID-19. Los grandes aumentos del presupuesto público para mitigar la pandemia, como fue resumido en la introducción al presente trabajo, también pudieron haber sido utilizados, en alguna medida, para subsanar los problemas estructurales no solo del sistema de salud del país, sino también los problemas de exclusión, pobreza e inseguridad de las mayorías sociales subalternas. El gobierno restaurador y cacifista de Giammattei, sin embargo, ha tomado otra dirección y con ello ha perdido una oportunidad histórica para corregir, por lo menos en parte, algunos de los problemas estructurales que han subyacido y empeorado la crisis nacional de la pandemia. La presión del CACIF por el retorno a la “normalidad” de crisis y ganancias, aún cuando la pandemia se sigue expandiendo y agravando en el país, es lo que está detrás del esfuerzo del gobierno por reabrir el país utilizando un chapucero “sistema de alertas: verde, anaranjada y roja” que ha de ser aplicado para cada municipio a partir del mes de julio de 2020. Dicho sistema depende de hacer suficientes pruebas diagnósticas por municipio para determinar su respectivo color y no es ninguna coincidencia que donde menos pruebas se realizan sea en los territorios indígenas o las regiones más pobres del país. Aquí no se vale esperar la asistencia del Estado como en las regiones que más directamente contribuyen a engrasar el capitalismo del desastre. La estrategia oficial ante la pandemia, guiada por el individualismo neoliberal que prevalece en el consenso dominante y por las necesidades políticas del proyecto restaurador corrupto, hizo un llamado uniforme e indiscriminado a encerrarse en casa como si fueran cajas cerradas herméticamente, con agua potable todo el día para mantener condiciones mínimas de higiene y un consumo de electricidad de hasta 200 kilovatios/hora sin 131 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza recortes, habitadas por una familia ideal y con ahorros suficientes en el banco para subsistir por tres meses sin ingresos. Esta estrategia ignoró la realidad de la vida de los pueblos indígenas, las mujeres en situación de pobreza, los trabajadores informales, la juventud desempleada, quienes viven en comunidades rurales empobrecidas, barrios marginales o colonias populares muchas veces sin acceso al agua potable, el sistema nacional de electricidad y otros servicios que deberían estar constitucionalmente garantizados. Para las mayorías sociales subalternas la opción en tiempos de pandemia reside entre morir por hambre o por el COVID-19. Aunque los programas del gobierno para mitigar el impacto de la pandemia, como el Programa Bono Familia (Q1,000.00 a cada hogar consumiendo menos de 200 kilovatios/hora de energía eléctrica por mes hasta por tres meses, pero modificaron la recepción del segundo pago agregando un cuestionario más para recipientes) o la caja “saldremos adelante” pudieron contribuir algo para paliar la crisis entre los sectores más vulnerables, estos programas han sido mal administrados y pésimamente ejecutados. De Q14.3 millardos aprobados para los programas de emergencia al 30 de junio, para julio solo se habían ejecutado Q4.1 millardos. Solo para el Bono Familia fueron aprobaros Q6 millardos, pero a pesar de la urgencia y necesidad de las familias para julio solo se habían ejecutado Q1.68 millardos. Ni siquiera los fondos más vinculados a la economía formal, como el Fondo para Capital de Trabajo y el Fondo de Protección de Empleo, han sido bien ejecutados. Y el fondo para las Mipyme no había sido ejecutado para nada al momento de escribir este trabajo (Álvarez, 2020b). Según reportes de prensa, por lo menos Q600 millones han sido directa y descaradamente distribuidos dentro del Pacto de Corruptos que apoya al gobierno desde el Congreso para “distribuir como mejor les parezca” (elPeriódico, 2020). Mientras tanto, el hambre en Guatemala se agudiza. De acuerdo con un estudio reciente de Oxfam sobre el llamado Corredor Seco Los resultados en la zona evaluada indican un incremento de 102.8% en la proporción de hogares que requieren asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA Moderada) en relación a 132 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza 2019, en tanto la Inseguridad Alimentaria Severa se ha incrementado en 289.2% y la Moderada en 25.3%. Extrapolando las proporciones de inseguridad alimentaria a la población rural del Corredor Seco, se estima que más de un millón personas (1,012,292) requieren asistencia alimentaria (Oxfam, 2020). Como si todo lo descrito arriba no pudiera ponerse peor, de acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) para fines de junio de 2020 había en todo el territorio nacional por lo menos 17 mil 195 casos de desnutrición aguda, con un 66% de los casos se ha dado entre en niños y niñas entre las edades de 6 meses y 2 años, la mayoría en el Corredor Seco (El Progreso), Escuintla y San Marcos (Aguilar, 2020). Desde la experiencia de informalidad, precariedad e inseguridad donde viven y mueren las mayorías pobres y subalternas de la población, “los/ as condenados/as de la Tierra”, simplemente no hay modo de quedarse encerrado/a, no hay modo de obedecer indefinidamente, por muy necesarios que sean, los toques de queda y las recomendaciones de distanciamiento social, y no hay modo de esperar que el Estado corrija tanto error y tanta corrupción en el manejo de los fondos de emergencia que ya han caído, efectivamente, en el proceso de enriquecimiento ilícito por medio del despojo de bienes públicos y comunes. Por esto y por muchas otras razones, las declaraciones de Giammattei en cuanto a que salvarse de la pandemia ahora depende de la gente misma significan, en efecto, admitir que el Estado se lava las manos de su responsabilidad constitucional e histórica de velar por “la persona humana” antes que hacerlo por la economía. Además de una respuesta inmediata, urgente y efectiva para lidiar con los brotes de la pandemia donde quieran que ocurran, las condiciones subyacentes de la crisis demandan una respuesta más estratégica y sistémica a las condiciones de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria en que viven las mayorías sociales. Este segundo enfoque requiere, como mínimo, reconocer los distintos contextos culturales y económicos de la Guatemala real, diversa y desigual, así como desarrollar e implementar democráticamente 133 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza principios colectivos y comunitarios más compatibles con una economía para la vida, el medio ambiente y el ritmo metabólico del planeta. burdo neoliberalismo económico, pero también más allá de una mera adjudicación de programas sociales de modo clientelista, electoral y pasajero. Dada la experiencia por la que ya ha pasado Guatemala desde el primer caso de COVID-19 reportado en el país el 13 de marzo hasta fines de agosto cuando el número de casos asciende a más de 2 mil muertes y más de 60 mil personas contagiadas, la respuesta del gobierno restaurador y cacifista del presidente Giammattei ante los desafíos inmediatos y más profundos de la pandemia ha resultado en el colapso total tanto del sistema de salud, como de la economía de las mayorías sociales subalternas. Un nuevo constitucionalismo y un nuevo consenso político post-COVID-19 requieren de nuevos modelos de participación democrática y nuevas metas nacionales de bienestar que, tomando en cuenta acuerdos internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, no deben limitarse a cumplirlos dentro de los imperativos sistémicos o transnacionales del crecimiento capitalista neoliberal dictados por los tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión, memorándums de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos similares. Cuando una ciudadanía educada, democrática y políticamente activa pone principios constitucionales del bien común al centro de un proceso constitucional refundador y se propone garantizarlos como “derechos fundamentales” de las comunidades, el medio ambiente y la ecología por encima de los vaivenes electorales de la política y los ciclos erráticos e irracionales de la economía neoliberal, entonces se vuelve posible concebir al país entrando a una nueva etapa histórica, más allá de un salvaje y No estamos aquí proponiendo ningún retorno al “populismo” clásico del siglo veinte que aparejó las políticas de la sustitución de importaciones y del desarrollo endógeno y proteccionista. Estamos proponiendo avanzar, cambiar los términos del debate y hablar de opciones históricas ineludibles que se desprenden de los desafíos que nos presenta la crisis climática, la destrucción de medio ambiente y biodiversidad, 134 Índice R E V I S T A Año 9 - Edición 190 - agosto / 2020 Marco Fonseca La “nueva normalidad” post-covid-19: más neoliberalismo, desastre y pobreza la precariedad de la vida humana bajo el asalto de nuevas y más peligrosas pandemias, todos los fenómenos que caracterizan lo que hoy llamamos el Antropoceno. Urge tomar en cuenta las propuestas que surgen de las mayorías sociales indígenas, campesinas y trabajadoras en términos de refundación constitucional y reconocer que el retorno a la “nueva normalidad” postCOVID-19 de la que hablan los/ as representantes de las cúpulas dominantes del CACIF implica, de hecho, un retorno al capitalismo del desastre, la pobreza y la muerte. Lo que surge como un imperativo ético-político hoy es, por tanto, forjar otra Guatemala posible. õƬǌƬʁƬȭƋǔŘʊŽǔŽǚǔɁǷʁřǞƋŘ - Aguilar, D. (2020, julio 20) “Hay 17 mil casos de desnutrición aguda; más del doble que el 2019”. La Hora. https://lahora.gt/hay-17-mil-casosde-desnutricion-aguda-mas-del-doble-que-el-2019/ - Álvarez, L. (2020a, junio 9) “Canasta básica sigue en aumento”. elPeriodico. https://elperiodico.com. gt/inversion/2020/06/09/canasta-basica-sigue-en-aumento/ - Álvarez, L. (2020b, julio 7) “Programas de emergencia han ejecutado Q4.1 millardos”. elPeriodico. https://elperiodico.com. gt/nacion/2020/07/07/programas-de-emergencia-han-ejecutado-q4-1-millardos/ - Avila Montúfar, B. L. (2020) “La expansión geográfica del capital a través de la inversión colombiana en Guatemala. Análisis desde la geografía crítica del caso TRECSA en el período 2009-2018”. El Observador, 15 (69), 5–27. - Banco Mundial. (2020, abril 12) Guatemala Panorama general [Text/ HTML]. 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