Realidades de la Guardia Nacional

Amparo Hinterholzer Rodríguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de candidatos que no contestó el cuestionario que se elaboró para el proyecto de “Por un México seguro” (1), sin embargo, en sus propuestas de campaña sobre seguridad consideró necesario regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles ante la falta de resultados en el combate a la delincuencia y por ello, decidió retirar al Ejército de manera paulatina y plantear una nueva estrategia de seguridad.

Ya como presidente, López Obrador señaló en el Plan Nacional de Seguridad, que los cuerpos de seguridad trabajan a favor del crimen organizado, por lo que era necesario la creación de una nueva institución encargada de preservar la seguridad pública a la cual le puso el nombre de Guardia Nacional, la que considera una alternativa para la disminución a la inseguridad.

Las opiniones de los especialistas en seguridad comenzaron a manifestarse en contra de esta solución debido a que su creación significaba militarizar la seguridad pública. A pesar de que se dijo que la Guardia Nacional tendría un carácter civil, la operatividad y profesionalización se mantienen a cargo de las fuerzas armadas.

La Ley de la Guardia Nacional los faculta a realizar la persecución de delitos del fuero federal y mientras exista colaboración con los gobiernos locales y municipios

combatirán delitos del fuero común.

De acuerdo a las atribuciones de esta ley, la Guardia Nacional podrá: 1) recibir denuncias que puedan ser constitutivos de delitos en lo dispuesto al Código Nacional de Procedimientos Penales y dar a conocer el hecho al Ministerio Púbico, 2) realizar investigación para la prevención de los delitos, 3) realizar detenciones a personas y ponerlas a disposición de las autoridades competentes, 3) recabar información del fenómeno delictivo, 4) en colaboración con el Ministerio Público realizar investigaciones de delitos cometidos, entre otras.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no estableció los límites que tendrá la Guardia Nacional para llevar a cabo sus funciones. Lo que abre la duda de ¿Bajo qué lineamientos actuarán para la investigación? La Guardia Nacional fue desplegada por las zonas más inseguras del país sin tener claros los límites. Asimismo, los mecanismos de colaboración con las Fiscalías no se han establecido en las leyes orgánicas, lo que permite que alguna de las dos instituciones se niegue a colaborar.

Actualmente tenemos dos actores que se involucran en el proceso de justicia penal, los policías y el Ministerio Público. Los policías, que al presenciar un delito son los primeros en reaccionar, deben procurar y garantizar los derechos de las víctimas y el posible imputado. Posterior a ello, deberán presentar ante el Ministerio Público al presunto culpable junto con el Informe Policial Homologado. El Ministerio Público es la única autoridad facultada para decidir qué hecho es considerado como delito con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente registrarlo en las plataformas adecuadas para proseguir con la investigación.

No obstante, aún no se ha desarrollado ningún formato para el vaciado de la información que el Ministerio Público requiere para la apertura de la carpeta de investigación. Al facultar a la Guardia Nacional para realizar estas acciones se corre el riesgo de perder información valiosa que podría contribuir a la creación de estrategias de seguridad, ya que, no queda claro en cual base de datos estarán registradas las denuncias que manejará la Guardia Nacional.

Si bien, se busca disminuir la carga excesiva de trabajo que tiene el Ministerio Público, la Guardia Nacional no cumple con los perfiles técnicos lo que provocará que se comentan errores.

El gobierno federal apuesta por una nueva institución que no tiene la totalidad de los manuales que regirán su actuación, a pesar de que ya realizan operativos con una limitada capacitación en Derechos Humanos y uso de la fuerza cuando esto debería ser la base de su formación.

En ese sentido, la organización civil “Observatorio Nacional Ciudadano” considera que la profesionalización y fortalecimiento de las instituciones de seguridad deben ser dos de los principales objetivos para disminuir la crisis de seguridad que vivimos.

@Amphinterholzer
@ObsNalCiudadano
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

Nota

La opinión del articulista invitado no refleja la línea editorial ni postura del Observatorio Nacional Ciudadano.

1 Proyecto realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano donde se analizaron las propuestas de los candidatos a presidentes y gobernadores en materia de seguridad