Oaxaca, Oaxaca. Aislamiento y medidas extremas de disciplina esperan a los presos loxicha, trasladados arbitrariamente y sin conocimiento de sus familiares a un penal de mediana seguridad llamado Miahuatlán. La cárcel responde al modelo de prisiones privadas promovidas desde los Estados Unidos.

Estos indígenas llevan más de 16 años presos, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y condenados por la muerte de policías federales y personal de la marina durante un enfrentamiento en 1996 en la Crucecita, Huatulco. El 7 de junio a las 2:30 de la madrugada los seis presos fueron trasladados, con lujo de violencia, al nuevo penal de máxima seguridad en la sierra sur de Oaxaca –mejor conocido como el Guantánamo de Oaxaca.

Los afectados, quienes estuvieron en el penal de Ixcotel hasta su detención, son Álvaro Sebastián Ramírez, integrante de La Voz de los Xichés en Prisión, junto con Abraham García Ramírez, Agustín Luna Valencia, Eleuterio Hernández García, Fortino Enríquez Hernández y Justino Hernández José.

El último dictamen que recibieron los condenó por homicidio calificado, contrario a lo que determina el artículo 137 del Código Penal Federal: “Cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se les aplicara las reglas del concurso. Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate”. Los acusados recibieron las penas máximas por esta acusación (que más bien se refiere a la delincuencia organizada común y no a un enfrentamiento entre un grupo beligerante y las fuerzas armadas del Estado).

Los hijos de los presos no supieron de su paradero ni de su estado de salud durante más de 84 horas. El 10 de junio señalaron que no pudieron tener comunicación con sus padres. Acudieron al Centro Federal de Readaptación Social número 13 (CEFERESO), a donde supuestamente se los llevaron, pero les impidieron el acceso y les negaron información bajo el argumento de que es confidencial.

El CEFERESO 13 es parte de la estrategia penitenciaria construida mediante el  contrato de prestación de servicios en alianzas público-privadas, establecido como un acuerdo de la Iniciativa Mérida para promover la estandarización de las cárceles. Según el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, en mayo del 2009 se creó la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), quien desde su inicio capacitó a elementos del personal de seguridad penitenciaria federal, en Nuevo México y Colorado, Estados Unidos.

El personal así capacitado se desempeña como instructor de la propia ANAP y son quienes controlan los nuevos CEFERESO. El penal a donde trasladaron a los presos loxicha también será una escuela de adiestramiento canino; trascendió que quienes reciben a los presos lo hacen con perros. La estructura del penal maneja tecnología de punta, comprada en Estados Unidos, que no permite ningún tipo de comunicación telefónica. Las celdas fueron construidas para aislar a los presos: sólo caben dos personas en cada una, no podrán ver físicamente a sus familiares y la única opción que tendrán es televisiva, es decir, una videollamada en un salón de conferencias. Los únicos que podrán tener una o dos visitas conyugales al año serán los que se sujeten a las normas y a la disciplina interna, de acuerdo con los constructores del penal.

Este nuevo modelo penitenciario asume como objetivo principal un tratamiento individualizado de carácter progresivo y técnico acorde a su nivel de custodia e intervención, según el informe de rendición de cuentas 2006-2012. Cada preso representa una pieza de inversión privada, pues se necesitaran 9 mil uniformes y juegos de cama por año, una vaca diaria -es decir mil toneladas de carne de res al año- y un millón cien mil huevos en el mismo periodo, entre muchas otras mercancías e insumos para mantener en funcionamiento este nuevo negocio. Esta información fue declarada públicamente por los ingenieros que diseñaron el penal, quienes lo consideran una empresa o industria penitenciaria y además existe un vínculo con empresas tan grandes como Telmex, que obtendrán mano de obra barata en las cárceles.

Los hijos de los presos loxicha, quienes son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, muestran una gran preocupación por no saber nada sobre sus familiares y temen por su salud y por sus derechos humanos. Erica Sebastián, hija de Álvaro Sebastián, comenta que “queremos tener la certeza de que nuestros padres están bien física y psicológicamente, pues sabemos que ese penal es un lugar de exterminio”. La joven Sebastián agrega que “nuestros padres están recluidos por un delito que no tiene fundamento, pues el mismo Estado manejó que son guerrilleros y luego los condenó como a delincuentes comunes’’.

La homogenización entre presos políticos y la delincuencia organizada a los ojos del Estado desdibuja cualquier derecho que pueda tener algún preso político y sólo se le considera una cifra más. Así funciona también la lógica de la privatización de los centros penitenciarios,  donde interviene un capital privado en la construcción y administración de una prisión. Incluso se puede hablar de las prisiones especulativas, las que se planean, financian y construyen sin la intervención del Estado, para después ofrecerlas a éste. Este es un nuevo mercado que especula con la libertad y la justicia de las personas presas, quienes no pueden ser tratadas a todas por igual, además de que cualquier reinserción social no está desconectada de lo humano. En ese sentido Erica Sebastián finaliza diciendo que las cárceles no son injustas, sino ilegales, pues hay mucha gente inocente dentro de ellas.