Una demanda laboral interpuesta por un empleado de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex –encargada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto al general Eduardo León Trauwitz, su hombre de confianza– muestra que, en vez de garantizar la integridad de la red de ductos, los mandos del Ejército improvisaron su vigilancia para permitir el llamado huachicoleo y la operación de la delincuencia organizada.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A pesar de contar con millonarios recursos, la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) de Pemex improvisó a trabajadores de confianza para inhabilitar tomas clandestinas. Por la falta de pericia y herramientas, en diversas ocasiones provocaron fugas como la ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo. Videos y documentos obtenidos por este semanario muestran cómo esos trabajadores operaban para desactivar las tomas clandestinas sin las precauciones necesarias para su vida y la población, en una tarea que por lo demás no les correspondía. Dada la ausencia de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, varias veces eran detenidos por la policía local, que los acusaba de huachicoleros. Otras veces eran detenidos y amenazados por los grupos de la delincuencia organizada. Por esas razones, algunos de esos empleados interpusieron demandas laborales contra la empresa y señalaron como responsables a los militares que estuvieron al frente de la SSE de Pemex durante el sexenio pasado, encabezados por el general Eduardo León Trauwitz, quien fuera hombre de confianza del entonces presidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2115). En uno de los videos se aprecia a un empleado en una toma ubicada en un ducto a menos de un metro de profundidad. Mientras está operando, se rompe la válvula a la que le está dando vuelta, se produce un fuerte estallido y el combustible empieza a fugarse con tanta presión que forma de inmediato un violento géiser. Uno de sus compañeros corre a auxiliarlo y junto con el resto del equipo –entre ellos alguien con un arma larga– huyen despavoridos. Una camioneta de Pemex se aleja, mientras los empleados dicen entre risas nerviosas: “Fue la esfera, güey”, “que le hablen a Ductos”.  Los trabajadores trataron de recuperar la herramienta de la SSE bajo su resguardo y de reorganizarse mientras la fuga alcanzaba ya varios metros de altura. De acuerdo con una de las demandas laborales, el accidente ocurrió en el ducto de Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2017. A partir de entonces, Moisés Ángel Merlín Sibaja, contratado como personal de confianza por la SSE, decidió buscar su cambio dentro de la misma subdirección y no trabajar más en la Gerencia de Seguridad Física. Lo que obtuvo fue maltrato y acoso laboral hasta que tuvo que separarse de la empresa petrolera, a la que demandó en agosto de ese año. Delitos cometidos por orden superior Desde que buscó cambiarse de área, Merlín Sibaja argumentó que el trabajo que le asignaron no correspondía a su puesto, pero sobre todo que era obligado a realizar actos irregulares, como abrir tomas clandestinas, deshabilitar otras sin ir armado, o vestir uniforme militar sin pertenecer a las Fuerzas Armadas. Además de la falta de pago de viáticos o de horas extras y el maltrato por parte de sus jefes, que eran los elementos del Ejército a los que llevó el general Trauwitz. Merlín Sibaja pidió ya no ser considerado en las actividades que la SSE denomina “manejo técnico” o “protocolo” para inhabilitar tomas clandestinas como la que le estalló en Tierra Blanca y que, de acuerdo con su testimonio escrito, había sido “reutilizada en múltiples ocasiones”. Ante su petición de cambio, fue enviado a las oficinas de la Gerencia de Seguridad Física para hacer labores de limpieza. Luego de unos días fue trasladado a Gómez Palacio, Durango, a hacer las mismas labores de “manejo técnico”. Quedó bajo las órdenes del capitán primero de Infantería, Diplomado de Estado Mayor (DEM), Heriberto Godínez Sánchez, superintendente de Planeación y Seguimiento de la SSE. –¿Qué te sorprende? ¿Mucho trabajo y poco dinero? –le dijo el capitán cuando se presentó a trabajar y le expresó su deseo de no hacer las mismas labores, porque otros de sus compañeros también habían estado a punto de morir en tomas incluso más profundas.  En su carta de renuncia dirigida al subgerente de Operaciones de la Zona Centro, mayor intendente del Ejército DEM Francisco Casas Sánchez, el demandante asegura que recibió órdenes de disfrazarse de soldado “y desplazarme solo y sin arma, conduciendo un vehículo pixeleado a las áreas de Puebla, que actualmente se consideran de riesgo”. Asentó: “Por lo antes expuesto y debido a que en recientes fechas he sido sonsacado hasta de instalar una toma clandestina en uno de los poliductos sin que se me expida una orden de forma escrita y de manera clara el motivo, así como de las herramientas adecuadas para tal fin, el suscrito ha decidido tomar acciones legales a fin de afrontar las responsabilidades que me sean imputadas”. Merlín Sibaja cuenta también la presión de la delincuencia organizada cuando fue enviado por la SSE al municipio veracruzano de Tierra Blanca, y que fue reportada a la Gerencia de Seguridad Física, que no actuó.  La tarde del 8 de octubre de 2016, después de la revisión de una toma clandestina en el kilómetro 228+282, en las inmediaciones del poblado Las Prietas de ese municipio, se dirigía al Departamento de Seguridad Física de Pemex en la ciudad, acompañado de otros dos agentes de seguridad. Cuando circulaban por el bulevar La Vidriera, se les cerraron dos vehículos, de los que descendieron una decena de hombres armados. Amagaron con bajar de su camioneta a los agentes de seguridad de Pemex. El jefe del grupo delictivo se dirigió a Sibaja: “Déjennos trabajar. El sol sale para todos… y también la muerte. No se acerquen más a Las Prietas. Ábranse”.  Los agentes de la SSE le contestaron que sólo estaban haciendo el trabajo que les ordenaba Pemex y que ellos no decidían los lugares de inspección, sino que eran órdenes que recibían por las mañanas. Los delincuentes les exigieron un número telefónico y su nombre completo. Merlín Sibaja dio los suyos. En seguida, a cada uno de los agentes les tomaron fotos. “Nuestro señor les va a llamar a este número”, les advirtió el jefe del grupo delictivo, quien había advertido por uno de los suyos “que había verdes (militares) atrás”, muy cerca. El líder no hizo mayor caso y dejó ir a los empleados de confianza de Pemex. Los agentes de la SSE se dirigieron a su oficina. Allí, al poco rato, entró una llamada al teléfono de Merlín Sabaja, preguntando por él. “¿Cómo se portaron mis muchachos? –le dijo alguien con un acento distinto al de los pistoleros–. Me enteré de que ustedes fueron un poco agresivos… De no haber llevado un nombre y un número telefónico no habrían cumplido su trabajo.  “Mis muchachos tienen su tienda en Las Prietas. Déjenlos trabajar. Ya van tres seguidas que les quitas… Ya sabes cuál es nuestra chamba. Ábranse. El día que quieran platicamos. Yo no estoy en Tierra Blanca. Ando con el patrón, pero puedo bajar.”  Merlín Sibaja le dijo que eso no dependía de él. “Esta bien, carnal”, le dijo el interlocutor y cortó. El agente reportó lo sucedido al jefe del Departamento de Seguridad Física en Tierra Blanca, Isaac García Pulido, y pidió mayores medidas de seguridad para hacer su trabajo. No hubo respuesta, según su reporte, fechado el 12 de octubre de 2006. El documento forma parte de las pruebas con las que acompañó su demanda laboral, radicada entonces en la Junta Especial número 12 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sibaja y su abogado fueron requeridos para una entrevista, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Las irregularidades La demanda de Merlín Sibaja señala como responsables al general Trauwitz, al general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fue gerente de Seguridad Física; el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, exgerente de Gestión Técnica, y al mayor Francisco Casas Sánchez, subgerente de Operaciones de la Zona Centro de la SSE. Junto con otros mandos del Ejército, fueron los militares que durante el sexenio pasado tuvieron la encomienda de combatir el robo de combustibles a Pemex, pero el delito se incrementó (Proceso 2202). Merlín Sibaja los acusó de “irregularidades y violaciones a los principios de legalidad” al enviarlo a efectuar el “manejo técnico” o “protocolo”, es decir el desmantelamiento de las tomas clandestinas, a pesar de que ponía en riesgo su vida y su salud, no era parte de sus funciones, y el descontrol de las tomas dañaba el suelo y subsuelo. Los acusó de haberlo expuesto a la inha­lación de gases (benceno) y exposición física fuera de cualquier norma y sin haber recibido capacitación alguna ni equipo de seguridad adecuado, además de contar con herramientas improvisadas. Además, de dejarlo expuesto ante diversas autoridades federales, estatales y municipales que lo confundieron varias veces con un integrante de la delincuencia organizada dedicado al robo de combustibles. Como ejemplo de improvisación en el “manejo técnico” o “protocolo”, refiere que, cuando agentes de Seguridad Física detectaron una toma clandestina en el poliducto Madero-Linares-Cadereyta, recibieron la orden “de los tres mandos de Seguridad Física de Tampico” de que cortaran las cuerdas y el maneral de la válvula y luego la recubrieran con mezcla. La toma quedó “encapsulada rústicamente dentro de un tubo PVC, sin reportar de ello al personal de mantenimiento de ductos, al área jurídica de Pemex o al Ministerio Público federal, quedando el riesgo de que la humedad y el salitre revienten la toma y se produzca el derrame de hidrocarburo descontrolado”. En la demanda, insiste en que el desmantelamiento o neutralización de las tomas clandestinas le corresponde a la Subgerencia de Transportación por Ducto, mientras que la SSE sólo se encarga de la vigilancia de la red de ductos. Pero a su personal le debe proporcionar arma de fuego, chaleco antibalas y otros aditamentos para la seguridad y vigilancia, lo cual dice que en su caso no se cumplía porque, además de desmantelar tomas clandestinas, se le ordenaba hacer patrullajes, por lo que debía portar uniforme militar a pesar de no pertenecer a las Fuerzas Armadas. Precisa que, de acuerdo con el Manual de Organización de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Transportación por Ducto le toca hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías, tanques, equipos dinámicos, vías de acceso, derechos de vía, edificios, estructuras y señalizaciones para garantizar la operación de la empresa.  En particular, la subgerencia de Mantenimiento de Ductos y las subgerencias de Trasporte por Ducto (Norte, Centro, Golfo y Suroeste) son las responsables, en casos de emergencia, de hacer las reparaciones para asegurar la continuidad de las operaciones, así como de restaurar equipos e instalaciones y el medio ambiente. Durante el sexenio pasado, la Subgerencia de Seguridad Estratégica de Petróleos Mexicanos contó con un presupuesto de 5 mil millones de pesos. La mitad fue para el programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex. A través de éste se compraron aviones y helicópteros, pero no todos fueron usados para vigilar los ductos. Un helicóptero, por ejemplo, fue para el uso del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La otra mitad del presupuesto se gastó en la construcción del búnker de la SSE en lo que fue la Refinería 18 de marzo, en Azcapotzalco; compra de armas, y la mayoría (2 mil 2992 millones de pesos) en “gasto de operación derivado de los proyectos de inversión y otras iniciativas”. En su informe de final de sexenio, la oficina del general Trauwitz reportó que con el acceso a “equipos y tecnologías de vanguardia”, así como el patrullaje terrestre y aéreo, logró la “intercepción e interrupción rápida y efectiva” de las acciones de la delincuencia organizada. Según ese reporte, a partir de 2018, la SSE capacitó a ingenieros militares en “el servicio de inhabilitación y sellamiento de tomas clandestinas” para contribuir “a la oportuna atención de estos eventos”.  Este reportaje se publicó el 27 de enero de 2019 en la edición 2204 de la revista Proceso.