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PAULA BARQUET

El creciente poder sindical fue la mayor preocupación de la embajada de Estados Unidos durante el gobierno de Vázquez, al punto que llegó a pronosticar que a diferencia del MPP, el Pit-Cnt mantendría su influencia más allá de quiénes lo lideraran.

En concreto, dos medidas tomadas al inicio de la presidencia de Vázquez llevaron a la embajada de Estados Unidos a considerar que "las relaciones laborales quizás sean el talón de Aquiles" de ese período.

"El gobierno uruguayo tal vez haya dado demasiado poder a los poderosos sindicatos (en particular el radical Pit-Cnt) al derogar un decreto que habilitaba a la Policía a expulsar trabajadores que ocuparan plantas y al aprobar la Ley de Libertad Sindical", concluye un despacho diplomático de la embajada de Estados Unidos en Montevideo, filtrado por WikiLeaks y al que accedió El País.

En el documento, que contiene una extensa evaluación del primer año de Vázquez como presidente, el encargado de negocios James D. Nealon no escatima en elogios hacia la política económica encabezada por el ministro Danilo Astori. Sin embargo, puntualiza que "la única área de preocupación tiene que ver con la relación del gobierno uruguayo con los sindicatos, donde la demagogia para satisfacer a su electorado puede costarle mucho al FA a largo plazo".

En ese sentido, advierte que el panorama podría "cambiar drásticamente" en función de unos pocos factores, entre los cuales figura el Pit-Cnt.

"Es probable que (el Pit-Cnt) luche con uñas y dientes contra cualquier retroceso de las concesiones importantes que se le otorgaron. Una batalla de voluntades con los sindicatos podría descontrolarse o provocar una ráfaga de huelgas", opina Nealon, y agrega que "la falta de acción en controlar los abusos sindicales puede arruinar un clima de inversiones por lo demás bueno".

A la embajada le "resulta claro que el péndulo ha oscilado demasiado a favor de los sindicatos".

OCUPACIONES. Tras la derogación del decreto que permitía la intervención policial en las ocupaciones, la embajada cataloga como "el resultado previsible" la posterior "erupción de ocupaciones".

De acuerdo a Nealon, "el fortalecimiento de los sindicatos -bendecidos y promovidos por el gobierno de Uruguay- llevó a que se mutiplicaran por ocho las ocupaciones de plantas".

Nealon asegura que "la situación laboral se deteriora rápidamente a medida que se remontan las ocupaciones". Para ilustrar esa afirmación describe los "violentos incidentes en la curtiembre Naussa" el 14 de febrero de 2006, y cómo "conmocionaron a la sociedad uruguaya, tradicionalmente pacífica".

Los episodios en Naussa habrían sido, según la sede diplomática, "la última gota que impulsó al gobierno uruguayo a actuar (...) para restringir la proliferación de ocupaciones, porque toma conciencia que se están saliendo de control".

Cuando el Ministerio de Trabajo anuncia nuevas regulaciones a las ocupaciones, Nealon lo celebra como una "buena noticia" pero es cauto respecto a que eso efectivamente conlleve resultados positivos: "Aunque se impongan etapas adicionales para demorar una ocupación, el supuesto `derecho de ocupar`, eventualmente entrará en colisión con los derechos de propiedad del dueño", advierte.

Y agrega: "La manera como el gobierno de Uruguay maneje este tema delicado tendrá un impacto directo en la calidad del clima inversor y en la creación de empleo".

SESGO. Más de un año y medio después, la embajada vuelve a evaluar el gobierno de Vázquez. Otra vez, en medio de muchos elogios y pocas críticas, el tema laboral destaca por la negativa.

"Las facetas más negativas provienen del Ministerio de Trabajo, encabezado por un ex líder del MPP (Eduardo Bonomi). Se percibe que el ministerio es parcial en contra de los empresarios, y varias leyes han fortalecido los derechos de los trabajadores".

"Sin embargo, -continúa el documento firmado por el ex embajador Frank Baxter en octubre de 2007- parece que el gobierno uruguayo está ahora dando marcha atrás, después de haber caído en la cuenta del impacto negativo en el Estado de Derecho y los derechos de propiedad".

El otro asunto en el que Vázquez debió dar "marcha atrás" aunque con "modificaciones menores", fue la Ley de Libertad Sindical, también conocida como Ley de Fuero Sindical, y que prohibe la discriminación contra los trabajadores que tengan actividad sindical.

Luego de promulgada la ley, las cámaras empresariales difundieron una declaración conjunta expresando su oposición. El comunicado argumentaba que la ley afectaría la viabilidad de las empresas, daría demasiada fuerza a los sindicados y perjudicaría la creación de empleo.

"Al final, el gobierno hizo modificaciones menores a la ley, pero los líderes empresariales parecían lejos de estar satisfechos", recuerda Linda T. González, encargada de negocios interina, en un despacho diplomático de enero de 2006.

Sobre el final de ese documento González reflexiona y deja "el resultado eventual de esta ley" librado al "grado en el que los sindicatos la usen para presionar por nuevos beneficios". Aclara que "desde que la ley de protección sindical fue propuesta, el Pit-Cnt informó de su mayor crecimiento de afiliaciones en varias décadas".

Finalmente concluye: "Si los sindicatos comienzan a usar su creciente afiliación como arma política, podrían tener un gran impacto en la política futura. Pero si estas protecciones se convierten simplemente en un trueque para asegurar la continuación del apoyo a la política macroeconómica ortodoxa, el acuerdo podría ser políticamente redituable para el FA".

Más allá de las inciertas proyecciones, algo parecía claro para la embajada: el poder del Pit-Cnt se mantendría. Eso revela otro despacho de 2006 que viene a cuento de las "heridas aún abiertas de la dictadura".

"Varios observadores políticos creen que cuando los actuales líderes del MPP se retiren en los próximos años, el movimiento será ingobernable, con ineptos diputados radicales peleando entre ellos. La única excepción a esta regla es la poderosa central sindical, que continúa contando con fuerte simpatía del Partido Comunista, de ferviente retórica anti Estados Unidos e instituciones bien establecidas".

El malestar del sector empresarial con las medidas tomadas en materia laboral durante el primer gobierno del Frente Amplio se mantiene hasta hoy, aunque el foco ahora está puesto en la polémica ley de Negociación Colectiva.

La normativa, que regula las relaciones laborales, fue resistida por los empresarios desde el inicio. Insisten en que durante el proceso de elaboración de la ley no fueron escuchados, y que con ella se violan los convenios internacionales de trabajo ratificados por el país. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias elevaron su reclamo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2009.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT le envió al gobierno en marzo de 2010 un informe con una serie de observaciones a la ley de Negociación Colectiva, recogiendo los principales planteos de los empresarios. El gobierno aceptó la sugerencia de la OIT y desde entonces hubo un par de reuniones entre el gobierno, el sector empresarial y el sindical.

La semana pasada se conformó una comisión tripartita que estudiará la modificación de la ley, y dicha comisión definió el martes 8 una agenda de nueve puntos modificables. La aprobación de esos cambios depende de que se llegue a un consenso.

El informe del Comité de Libertad Sindical del organismo internacional realizó otra sugerencia donde afirma que la huelga y la ocupación en el lugar de trabajo "deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma".